Contratos armamentísticos. Más de 1.000 millones de euros. España con Israel. ESP

*El informe completo se publicará el martes 6 de mayo de 2025.

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau publica un adelanto de su próximo informe sobre las relaciones militares de España e Israel desde el 7 de octubre de 2023, con un listado de todos los contratos adjudicados por el Gobierno español a empresas de armas israelíes, con el detalle de su valor, la fecha de adjudicación y de formalización.

El Gobierno español ha adjudicado 46 contratos a industrias militares israelíes por valor de 1.044.558.955 de euros desde el 7 de octubre de 2023, de los que hasta la última consulta en la Plataforma de Contratación del Estado realizada el 24 de abril de 2025, aún no han sido formalizados 10.

Los 10 contratos no formalizados de adquisición de material militar israelí por parte del Gobierno incluyen los lanzacohetes SILAM (576,4 millones €) y los misiles Spike (237,5 millones €), así como otros contratos con las empresas de defensa israelíes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd y Guardian Homeland Security S.A.

La relevancia del análisis que pueda producirse a partir de sacar a la luz este listado no radica en el impacto económico de la cancelación de los contratos formalizados o de las penalizaciones económicas que ello suponga, sino que el análisis debe realizarse desde un prisma político, humanitario y ético, cuando hablamos de más de 50.000 víctimas civiles directas por la acción militar israelí desde el 7 de octubre de 2023. Los elementos que queremos subrayar son:

• La constatación de que el Gobierno español ha mantenido la contratación de productos militares a empresas israelíes a pesar de haber reiterado que esto no ocurría en diversas ocasiones tanto en medios de comunicación como en sede parlamentaria.
• La necesidad de cancelar de inmediato todos los contratos formalizados o en ejecución que contribuyan a mantener, legitimar o impulsar el genocidio y los crímenes de guerra de las acciones militares de Israel sobre la población civil palestina de Gaza y Cisjordania. 
• Mientras que algunas de las adjudicaciones corresponden a servicios de mantenimiento y/o modernización de productos adquiridos en el pasado, otras suponen nuevos acuerdos que podrían aumentar la dependencia en cuanto a ese mantenimiento y modernización, de una industria imprescindible para perpetrar un genocidio denunciado por númerosos organismos internacionales.
• La estrategia de que la mayor parte de los contratos adjudicados a la industria israelí también implique y beneficie a la industria española facilita a la industria israelí ser adjudicataria de esos contratos y genera una preocupante complicidad entre las empresas de armas españolas y las israelíes.
• Los hechos han demostrado que el anuncio del Ministerio del Interior de que iba a revocar la adjudicación de un contrato de compra de munición israelí para la Guardia Civil no se correspondía con la realidad. No se había iniciado ningún procedimiento administrativo para llevar a cabo la revocación sino que se habían limitado a analizar si la revocación era posible.  
• Si el Gobierno hubiera acordado un embargo integral de armas a Israel que incluyera, entre otras medidas, importaciones y prohibiciones de contratar a empresas israelíes de defensa o a sus filiales ninguno de estos contratos administrativos se hubiera celebrado. Si el Gobierno tuviera voluntad política podría imponer ese embargo a través de un decreto ley en la próxima reunión del Consejo de Ministros.