Gaza. La sociedad civil europea recurre a la Justicia. Civil society begins to turn to the courts. ESP ENG

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23 de julio de 2025. Miércoles. El País. Por Silvia Ayuso, desde Bruselas

La sociedad civil empieza a recurrir a la justicia ante la inacción de Europa en Gaza Varias ONG demandan a gobiernos e instituciones europeas para forzar medidas contra Israel y frenar la masacre de palestinos, denunciada cada vez por más países

Organizaciones civiles de varios países europeos acuden a la justicia para pedir a los Estados acciones rotundas por la destrucción de Gaza. 

En el caso más sólido conocido hasta ahora, el Estado belga deberá comparecer ante un tribunal de primera instancia para responder por su “inacción ante el genocidio y los crímenes de guerra cometidos por Israel”.

También en el Reino Unido el Gobierno se enfrenta a un posible procedimiento legal por la falta de medidas ante la situación de los menores en la Franja. A

unque la respuesta política sigue siendo elusiva, la carta de 28 Estados que reclaman a Israel el fin inmediato de la guerra en el enclave palestino revela una mayor conciencia del deterioro de la situación.

Varias ONG belgas presentaron este martes una denuncia con la esperanza de que la justicia obligue al país a “actuar conforme a sus obligaciones internacionales”. La iniciativa la ha liderado el colectivo de juristas, abogados y profesores Derecho por Gaza, junto con víctimas palestinas, la Asociación Belgo-Palestina y la Coordinación Nacional de Acción para la Paz y la Democracia.

 El 7 de julio, enviaron un requerimiento formal al primer ministro belga, Bart De Wever, y a varios de sus ministros solicitándoles que “cesen su inacción ante el genocidio y los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza”.

Ante la falta de respuesta, explica el portavoz de Derecho por Gaza, Grégory Mauzé, se ha presentado ahora la demanda. La primera audiencia tendrá lugar este viernes, cita en la que se debería fijar el calendario del proceso.

Los demandantes recuerdan que Bélgica, como todos los Estados firmantes de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, tiene la “obligación legal” de actuar para evitar lo irreparable y, por tanto, debe “movilizar todos los medios legales a su alcance para prevenir y poner fin a esos crímenes”.

Ante la inacción del Gobierno de De Wever, esperan ahora que la justicia ordene a Bélgica adoptar varias medidas de inmediato: el cierre de su espacio terrestre y aéreo al transporte de armas o de material militar a Israel; la prohibición de todo intercambio comercial con asentamientos judíos en territorio palestino ocupado, así como toda importación de productos de dichas colonias. También buscan que el juez ordene a Bélgica denunciar el Acuerdo de Asociación UE-Israel que los Veintisiete siguen sin suspender total o parcialmente pese a haber constatado, formalmente, que el Estado judío ha violado derechos humanos, en contra del artículo 2 del principal instrumento que rige las relaciones comerciales bilaterales.

No es algo inédito. Otro grupo de abogados y especialistas en derecho internacional franceses y belgas, Jurdi, realizó la semana pasada una maniobra similar —y con demandas parecidas— contra la Comisión y el Consejo europeos, a los que denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de Luxemburgo por “complicidad pasiva” por su “inacción grave y prolongada ante las violaciones del derecho internacional en los territorios palestinos ocupados”. La Comisión no ha querido comentar el procedimiento.

Y el pasado viernes, el eurodiputado de los Comunes Jaume Asens se reunió en La Haya con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para pedir la imputación de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y de la alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, por su papel como “cooperadoras necesarias” en los crímenes cometidos por Israel en Gaza.

“Cuando las máximas autoridades europeas se alinean con un Estado acusado de cometer genocidio, no estamos solo ante un silencio cómplice, sino ante una complicidad activa”, denunció Asens.

Las acciones judiciales se conocen en momentos en que la comunidad internacional eleva el tono ante Israel. El lunes, 25 países —a los que en las últimas horas se han sumado tres más— instaron en un duro comunicado conjunto a Israel a poner fin “de inmediato” a la guerra en Gaza y a cumplir sus obligaciones en materia de derecho internacional, especialmente garantizar el acceso a la ayuda humanitaria de la población civil.

La UE, que el 10 de julio había anunciado un acuerdo en este sentido con Israel (que precisamente sirvió de excusa para no imponer sanciones al Gobierno de Benjamín Netanyahu días después), también aumenta ahora la presión: Kallas ha advertido este martes al ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, de que la muerte de civiles en los puestos de ayuda humanitaria en Gaza es “indefendible” y que “el ejército israelí debe parar de matar a personas en los puntos de distribución” de ayuda. Además, le ha recordado que, aunque los Veintisiete no han tomado aún medidas sancionadoras en torno al acuerdo de asociación bilateral, todas las opciones “siguen sobre la mesa”.

También Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han condenado este martes lo que consideran una situación “insoportable”. En vísperas de la fiesta nacional belga del 21 de julio, el rey Felipe de Bélgica fue inusualmente duro con la situación en Gaza, que calificó de “vergüenza para toda la humanidad”.

Pese a este endurecimiento del tono, por el momento no hay previstas acciones concretas contra el Gobierno de Netanyahu. Los Veintisiete recibirán este miércoles un primer informe de Kallas sobre los avances —o la falta de ellos— en la implementación del acuerdo humanitario que, precisamente, frenó en buena parte la aplicación de algún tipo de sanción contra Israel en el Consejo de Exteriores de la semana pasada.

Un portavoz comunitario ha reconocido que, “claramente, sigue quedando mucho por hacer” y que Bruselas espera resultados “concretos, tangibles sobre el terreno”. Pero aunque ha admitido la urgencia de la situación, ha evitado hablar de plazos o ultimátums a Israel.

Los ministros de Exteriores no tienen previsto volver a reunirse hasta finales de agosto. Mientras tanto, las acciones judiciales continúan.

También en el Reino Unido, donde el Gobierno de Keir Starmer ha recibido igualmente una carta de preaviso de un bufete de abogados, con amenaza de acciones legales, por su negativa a evacuar a niños enfermos de Gaza que no se pueden tratar en territorio palestino.

Aunque no hay garantías de que las demandas sigan adelante, la sociedad civil recibió el lunes un impulso, cuando la fiscalía federal belga se declaró competente para abrir una investigación contra dos soldados israelíes que participaban en el festival de música electrónica Tomorrowland, en Bélgica, y que son sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en Gaza. Los dos hombres fueron detenidos el fin de semana e interrogados por la policía belga.

La fiscalía argumenta que un artículo del nuevo código penal, que entró en vigor en abril del año pasado, “otorga a los tribunales belgas competencia extraterritorial sobre las infracciones” cometidas fuera de su territorio y “amparadas en particular por una norma convencional de derecho internacional, en este caso los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativos a los crímenes de guerra y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de 10 de diciembre de 1984”.

“La era de la impunidad está llegando a su fin y comienza la era de la rendición de cuentas”, celebró Dearbhla Minogue, una de las responsables penales de GLAN, una ONG con sede en el Reino Unido que investiga y emprende acciones legales contra los agentes del poder implicados en graves violaciones de los derechos humanos y daños medioambientales y que presentó la demanda contra los dos soldados israelíes.

“La gravedad de estas atrocidades inimaginables se expondrá en múltiples tribunales de todo el mundo: se establecerá el registro público y los autores serán encarcelados para la protección de la sociedad”, confió.

Silvia Ayuso. Corresponsal en Bruselas, después de contar Francia durante un lustro desde París. Se incorporó al equipo de EL PAÍS en Washington en 2014. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y continuó en la alemana Dpa, para la que fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.

 

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July 23, 2025. Wednesday. El País. By Silvia Ayuso, from Brussels

Civil society begins to turn to the courts over Europe's inaction in Gaza.

Several NGOs are suing European governments and institutions to force measures against Israel and stop the massacre of Palestinians, a growing number of countries are denouncing.

Civil society organizations from several European countries are turning to the courts to demand decisive action from states regarding the destruction of Gaza. In the strongest case known to date, the Belgian state will have to appear before a court of first instance to answer for its "inaction in the face of the genocide and war crimes committed by Israel."

Also in the United Kingdom, the government faces possible legal proceedings for its lack of action regarding the situation of minors in the Strip.

Although a political response remains elusive, the letter from 28 states calling on Israel to immediately end the war in the Palestinian enclave reveals a growing awareness of the deteriorating situation. Several Belgian NGOs filed a complaint on Tuesday in the hope that the courts will force the country to "act in accordance with its international obligations."

The initiative was led by the group of jurists, lawyers, and professors, Law for Gaza, along with Palestinian victims, the Belgian-Palestinian Association, and the National Coordination of Action for Peace and Democracy. On July 7, they sent a formal request to Belgian Prime Minister Bart De Wever and several of his ministers, asking them to "cease their inaction in the face of the genocide and war crimes committed by Israel in Gaza."

Given the lack of a response, explains Law for Gaza spokesperson Grégory Mauzé, the lawsuit has now been filed. The first hearing will take place this Friday, at which time the trial schedule should be set. The plaintiffs point out that Belgium, like all signatory states to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, has a "legal obligation" to act to prevent irreparable harm and, therefore, must "mobilize all legal means at its disposal to prevent and put an end to such crimes." In light of the inaction of the De Wever government, they now hope that the court will order Belgium to adopt several immediate measures: the closure of its land and airspace to the transport of arms or military equipment to Israel; a ban on all trade with Jewish settlements in occupied Palestinian territory, as well as all imports of products from those settlements.

 They also seek a court order that Belgium denounce the EU-Israel Association Agreement, which the EU-27 have yet to suspend in whole or in part despite having formally found that the Jewish state has violated human rights, contrary to Article 2 of the main instrument governing bilateral trade relations.

This is not unprecedented. Another group of French and Belgian lawyers and international law specialists, Jurdi, carried out a similar maneuver last week—and with similar demands—against the European Commission and Council, suing them before the Court of Justice of the European Union (CJEU) in Luxembourg for “passive complicity” due to their “serious and prolonged inaction in the face of violations of international law in the occupied Palestinian territories.”

The Commission declined to comment on the proceedings. And last Friday, Commons MEP Jaume Asens met in The Hague with the Prosecutor of the International Criminal Court (ICC) to call for the indictment of Commission President Ursula von der Leyen and EU High Representative for Foreign Policy Kaja Kallas for their role as “necessary collaborators” in the crimes committed by Israel in Gaza.

“When the highest European authorities align themselves with a state accused of committing genocide, we are not just faced with complicit silence, but with active complicity,” Asens denounced.

The legal actions come as the international community raises its tone toward Israel. On Monday, 25 countries—joined in recent hours by three more—urged Israel in a harsh joint statement to “immediately” end the war in Gaza and comply with its obligations under international law, especially guaranteeing access to humanitarian aid for the civilian population.

The EU, which on July 10 had announced an agreement with Israel in this regard (which served as an excuse for not imposing sanctions on Benjamin Netanyahu's government days later), is now also increasing the pressure: Kallas warned Israeli Foreign Minister Gideon Saar on Tuesday that the death of civilians at humanitarian aid posts in Gaza is "indefensible" and that "the Israeli army must stop killing people at aid distribution points."