Teva no (ni HP). 390 profesionales de la sanidad, Vallecas (Madrid). 390 health professionals, Vallecas (Madrid, Spain) ESP ENG

El pasado 7 de junio, un total de 390 médicos, enfermeros, celadores, administrativos y otros trabajadores del sistema sanitario público del distrito madrileño de Vallecas, firmaron una carta pidiendo a las autoridades competentes que evitaran la compra de material médico o la contratación de cualquier  servicio a empresas que, "directa o indirectamente", estén relacionadas con la ocupación de los territorios palestinos o el "el asesinato sistemático de su población".

Público ha tenido acceso en exclusiva a dicha misiva, en la que también se pide acabar, "en la medida de lo posible", con cualquier acuerdo económico que sostenga al régimen israelí, cuyos principales representantes están siendo investigados por "crímenes de guerra y contra la humanidad" por la Corte Penal Internacional. A la cabeza de todos ellos se encuentra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, sobre el que pesa una orden de busca y captura interpuesta por la fiscalía de la CPI, el pasado mes de noviembre. Ello no ha impedido al mandatario viajar recientemente a Hungría sin ser detenido, pese a que el Alto Tribunal tiene jurisprudencia en aquel país.

El personal sanitario de Madrid ha dirigido la misiva a la gerencia de los hospitales Infanta Leonor y Virgen de la Torre, así como a la dirección médica y a la comisión de compras de ambas instituciones. Entre el 2017 y el 2023, la gerencia de los hospitales madrileños se designaba por concurso público. En 2023, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aprobó por vía de urgencia un decreto que abría la puerta a recuperar el nombramiento a dedo en esos puestos. Sea de uno u otro modo, una de las personas que ha redactado la carta, y que prefiere no dar su nombre, asegura a Público que desconocen "quiénes son los responsables últimos de las compras" de materiales y servicios para los hospitales.

Los sanitarios que han firmado la carta no saben cuándo se realizaron los contratos ni a cuánto ascienden. Pero cada día, al llegar al Infanta Leonor y al Virgen de la Torre encienden sus ordenadores de la marca Hewlett-Packard, más conocida como HP. En ellos, toman nota de los síntomas de sus pacientes, gestionan internamente el hospital y registran la administración de uno u otro medicamento. Algunos de ellos son elaborados por el laboratorio israelí, Teva Pharmaceutical.

Tanto HP como Teva, han sido señaladas por varias organizaciones no gubernamentales debido su vinculación con el apartheid y la colaboración con lo que la relatora de la ONU, Francesca Albanese, describió en su último informe cómo "economía del genocidio". La abogada italiana define dicho sistema como la metamorfosis de las infraestructuras económicas y tecnológicas de los sistemas de control, explotación y despojo de los palestinos preexistentes al 7 de octubre, en infraestructuras que ahora reproducen una violencia masiva -genocidio- contra los palestinos.

En cumplimiento de la misión que le designó Naciones Unidas -vigilar e investigar las violaciones de derechos humanos contra la población palestina en los territorios ilegalmente ocupados-, Albanese realizó una investigación en la que puso nombre y apellidos a estas empresas. Entre ellas, se encontraba HP.

 

Según sus pesquisas, la tecnológica, de capital mayoritariamente estadounidense, era la encargada de mantener la base de datos central de la Autoridad de Población e Inmigración, dependiente del Ministerio del Interior israelí. Esta agencia es el corazón de la burocracia del apartheid, al administrar el acceso a lo que considera territorio de Israel. La Autoridad de Población cumple un papel fundamental en la detención de personas "ilegales" en Israel, para lo que colabora con los servicios penitenciarios sionistas, así como con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado israelí.

Según las pesquisas de la relatora de la ONU, la filial isarelí de HP continúa suministrando servidores para la base de datos de la agencia, lo que permite la recopilación, el almacenamiento y uso de los datos biométricos de los palestinos. Esto, explica Albanese, sostiene el régimen de permisos de circulación de Israel, extremadamente discriminatorios para la población palestina. Además, la opacidad de la estructura comercial le ha permitido ocultar información sobre siete de sus filiales en Israel, por lo que podría tener otras funciones desconocidas en la actualidad.

Entre otras fuentes, Francesca Albanese utiliza las informaciones recopiladas por la organización Who Profits y el movimiento  BDS (Boicot Desinversiones y Sanciones a Israel). Ambos llevan años investigando la complicidad de estas empresas con el apartheid, la colonización y, ahora, el genocidio. Ambas organizaciones han señalado la vinculación de Teva Pharmaceuticals con la precarización del mercado palestino.

Esta empresa es la mayor distribuidora de fármacos genéricos del mundo. Según Who Profits, su enorme cuota de mercado y el libre acceso -sin aduanas ni controles- al mercado palestino, ha impedido el desarrollo de la diminuta industria farmacéutica gazatí. Desde el 7 de octubre, esta ha quedado, además, sepultada bajo las bombas. Teva tiene el monopolio de la distribución de medicamentos en los territorios ocupados, pero no la obligación de etiquetar sus productos en árabe.

Pese a que Teva no aparece en el informe de Francesca Albanese, los sanitarios madrileños han pedido a las autoridades competentes que apliquen la estrategia propuesta por la relatora para esta y otras empresas que se lucren del genocidio: exponer a quienes han contribuido con el apartheid y el genocidio para que rindan cuentas. "Pedimos que no se hagan contratos con quienes no estén libres de sospecha" y que "se investigue antes de contratar" a una u otra empresa, aclara a Público uno de los firmantes de la carta. Para ello, dan como referencia el informe de Albanese, así como las bases de datos elaboradas por BDS y Who Profits.

De momento, ni las autoridades hospitalarias ni la Consejería de Sanidad de Madrid se han pronunciado sobre las peticiones de los sanitarios, según los firmantes del escrito.

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For Público, Emilia G Morales Madrid - July 21, 2025, 9:30 PM - Updated July 22, 2025, 7:57 AM

390 healthcare workers ask the Ayuso government (Madrid, Spain) to stop hospitals from purchasing supplies from Israeli companies.

In a letter addressed to the management of two hospitals in Vallecas (Madrid) and, ultimately, to the government of the Community of Madrid, the healthcare workers request an investigation into the contracted companies, citing the materials purchased from HP and the pharmaceutical company Teva as examples.

On June 7, a total of 390 doctors, nurses, orderlies, administrators, and other workers in the public healthcare system in the Madrid district of Vallecas signed a letter asking the competent authorities to prevent the purchase of medical supplies or the contracting of any services from companies that, "directly or indirectly," are related to the occupation of the Palestinian territories or the "systematic murder of their population."

Público has had exclusive access to the letter, which also calls for an end, "to the extent possible," to any economic agreement that supports the Israeli regime, whose main representatives are being investigated for "war crimes and crimes against humanity" by the International Criminal Court.

At the forefront of these investigations is Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is the subject of an arrest warrant issued by the ICC prosecutor's office last November. This has not prevented the president from recently traveling to Hungary without being arrested, despite the Supreme Court's jurisdiction in that country.

The Madrid healthcare workers addressed the letter to the management of the Infanta Leonor and Virgen de la Torre hospitals, as well as to the medical directors and the purchasing committee of both institutions.

Between 2017 and 2023, the management of Madrid's hospitals was appointed by public competition. In 2023, the Isabel Díaz Ayuso government approved an emergency decree opening the door to restoring appointments to these positions.

Either way, one of the people who drafted the letter, who prefers not to give their name, assures Público that they do not know "who is ultimately responsible for the purchases" of materials and services for the hospitals. Therefore, in the third and final point of the petition, they ask the management of both hospitals to forward the request "to those bodies or authorities that the recipients consider concerned by its content."

The healthcare workers who signed the letter do not know when the contracts were made or how much they amount to. But every day, when they arrive at Infanta Leonor and Virgen de la Torre, they turn on their Hewlett-Packard computers, better known as HP.

They use them to take note of their patients' symptoms, manage the hospital internally, and record the administration of certain medications. Some of them are produced by the Israeli laboratory Teva Pharmaceutical.

Both HP and Teva have been singled out by several non-governmental organizations for their links to apartheid and their collaboration with what UN rapporteur Francesca Albanese described in her latest report as the "economy of genocide."

The Italian lawyer defines this system as the metamorphosis of the economic and technological infrastructures of the pre-existing systems of control, exploitation, and dispossession of Palestinians that existed before October 7 into infrastructures that now reproduce massive violence—genocide—against Palestinians. In fulfillment of the mission assigned to her by the United Nations—to monitor and investigate human rights violations against the Palestinian population in the illegally occupied territories—Albanese conducted an investigation in which she named these companies.

HP was among them. According to her investigation, the technology company, majority-owned by the United States, was responsible for maintaining the central database of the Population and Immigration Authority, under the Israeli Ministry of the Interior. This agency is the heart of the apartheid bureaucracy, managing access to what it considers Israeli territory.

The Population Authority plays a fundamental role in the detention of "illegal" persons in Israel, collaborating with the Zionist prison services, as well as with the Israeli state security forces. According to the UN rapporteur's investigation, HP's Israeli subsidiary continues to supply servers for the agency's database, allowing for the collection, storage, and use of Palestinian biometric data. This, Albanese explains, supports Israel's travel permit regime, which is extremely discriminatory against the Palestinian population.