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Perú. Multa por formar cartel. Teva incluida. Peru. Fine for forming a cartel. Teva included. ESP ENG

Perú. Multa por formar cartel. Teva incluida. Peru. Fine for forming a cartel. Teva included. ESP ENG
Publicado hoy.

13 empresas del sector sanitario. 139 millones de euros. 13 companies of the health sector. 130 million euros

ESPAÑOL

 

[Gráfico de Salud con Lupa]

Lia Peralta. 22 Noviembre 2025
Lima (Perú)
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó, a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC), la imposición en primera instancia administrativa de una multa total de más de 539 millones de soles (139 millones de euros, o 159 millones de dólares) a 13 empresas, entre laboratorios/industrias y distribuidoras, por haberse coludido en procesos de contratación del Estado. Asimismo, irnformó de cinco ejecutivos involucrados en dicha infracción, quienes fueron sancionados con una multa conjunta de más 1.4 millones de soles (360.000 euros o 415.000 dólares).

De acuerdo a la investigación, las empresas coordinaron tanto sus ofertas como sus decisiones de no participar con el fin de asegurarse la adjudicación de licitaciones de medicamentos entre diciembre de 2006 y febrero de 2020. Este esquema colusorio considerado un "cártel" impactó la compra de diversos productos farmacéuticos destinados al abastecimiento de hospitales públicos, algunos usados para administar medicamentos, reponer fluidos y combatir infecciones, así como otros destinados para tratamientos de cánceres agudos y para combatir la anemia. 
 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó, a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC), la imposición en primera instancia administrativa de una multa total de más de 539 millones de soles (139 millones de euros, 159 millones de dólares) a 13 empresas, entre laboratorios y distribuidoras, por haberse coludido en procesos de contratación del Estado. Asimismo, irnformó de cinco ejecutivos involucrados en dicha infracción, quienes fueron sancionados con una multa conjunta de 1.4 millones de soles (360.000 euros o 415.000 dólares).

De acuerdo a la investigación, las empresas coordinaron tanto sus ofertas como sus decisiones de no participar con el fin de asegurarse la adjudicación de licitaciones de medicamentos entre diciembre de 2006 y febrero de 2020. Este esquema colusorio considerado un "cártel" impactó la compra de diversos productos farmacéuticos destinados al abastecimiento de hospitales públicos, algunos usados para administar medicamentos, reponer fluidos y combatir infecciones, así como otros destinados para tratamientos de cánceres agudos y para combatir la anemia. 
tras analizar más de 14 años de procesos de compra, miles de ofertas y pujas, información de organismos públicos, comunicaciones internas, patrones de participación y declaraciones de los involucrados, la Dirección consideró que existían suficientes indicios para iniciar un procedimiento sancionador.

 

El 11 de julio de 2024, Indecopi emitió la Resolución 048-2024/DLC-INDECOPI, iniciando el procedimiento sancionador contra 15 empresas: Medifarma, AC Farma, Droguería Sagitario, IQ Farma, Perulab, Teva, Laboratorios Portugal, Laboratorios Americanos, B Braun, LUSA, Pharmagen, OQ Pharma, Jobal, Laboratorios Lansier y Pereda. Esto formalizó una investigación por presunta práctica colusoria horizontal en el establecimiento de posturas o abstenciones en licitaciones de medicamentos del Estado entre 2006 y 2020.

La resolución también imputó cargos a cinco personas naturales por su presunta participación activa o planificadora en la conducta: Angélica Palomares, John Mac Dowall, Mario Mongilardi, Gabriel Apéstegui y Nataly Llanos. 

La resolución aún puede ser impugnada ante la Sala Especialzada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, la cual definirá si confirma, revoca o anula la decisión. Una vez agotada esta vía, la medida solo podrá ser cuestionada ante el Poder Judicial.

 

Hernando Cevallos, ex-ministro de Salud: "El problema es integral"

Para Hernando Cevallos, la multa de Indecopi no solo evidencia una colusión empresarial, sino un colapso deliberado de la capacidad del Estado para proteger la salud pública. El exministro afirma que durante años se permitió que “dos o tres empresas manejen el 80 o 90% de la comercialización de medicamentos”, creando un escenario donde la manipulación de licitaciones era prácticamente inevitable. Según Cevallos, prácticas como las que advierte Indecopi prosperaron porque el propio Estado “ha privilegiado los intereses de grandes empresas farmacéuticas”, generando un mercado donde la salud de los peruanos quedó subordinada a acuerdos privados y precios inflados.

 

Por otro lado, explica que este caso no es un hecho aislado, sino el resultado de fallas estructurales en la regulación y el abastecimiento estatal. Señala que entidades clave como la Dirección General de Medicamentos (Digemid) y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) operan con “controles de calidad y abastecimiento muy deficientes” y con direcciones altamente inestables, "incluso se pone a algunos directores con investigaciones abiertas", lo que abre espacio a pposibles actos de corrupción y a compras mal fiscalizadas. “Cenares compra y distribuye, pero nadie controla las compras que hace el Estado a las grandes empresas que se coluden”, advierte, resaltando una debilidad institucional facilitaría que las farmacéuticas dominen las licitaciones durante años sin ser detectadas.

 

El exministro es especialmente contundente sobre la posibilidad de que el propio Ministerio de Salud conociera lo que ocurría. Asegura que “no solo es posible, sino su responsabilidad”, dado que Cenares depende directamente del Minsa. Para Cevallos, el patron de cambio de cabezas en las instituciones designadas podría responder a determinados intereses. Esa cadena de decisiones, insiste, permitió que la manipulación de licitaciones pasara desapercibida durante más de una década, comprometiendo el presupuesto público y afectando el acceso de los pacientes a tratamientos básicos. "El problema es integral… necesitamos construir un Estado que proteja a la gente, no uno complaciente con grandes empresas”, concluye.

 

Empresas sancionadas

  • B Braun Medical Peru S.A.
  • Instituto Quimioterápico S.A.
  • Laboratorios AC Farma S.A.
  • Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L.
  • Laboratorios Americanos S.A.
  • Laboratorios Lansier S.A.C.
  • Pharmagen S.A.C.
  • OQ Pharma S.A.C.
  • Laboratorios Portugal S.R.L.
  • Laboratorios Unidos S.A.
  • Medifarma S.A.
  • Pereda Distribuidores S.R.L.
  • Teva Perú S.A.

Finalmente, 13 empresas fueron sancionadas, y otras fueron retiradas debido a que no se consignaron elementos suficientes que permitan acreditar su participación en dicha conducta infractoria o determinar su responsabilidad.

 

 

ENGLISH

 

[Graphic "Salud con lupa"]

Lia Peralta. November 22, 2025 Lima, Peru
 
The National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property (Indecopi), through its Commission for the Defense of Free Competition (CLC), announced the imposition, in the first administrative instance, of a total fine of more than 539 million soles (approximately 139 million euros, or 159 million dollars) on 13 companies, including laboratories/industries and distributors, for colluding in government procurement processes. Indecopi also reported that five executives involved in the infraction were sanctioned with a combined fine of more than 1.4 million soles (approximately 360,000 euros, or 415,000 dollars).
 
 
According to the investigation, the companies coordinated both their bids and their decisions not to participate in order to secure the awarding of drug tenders between December 2006 and February 2020. This collusive scheme, considered a "cartel," impacted the purchase of various pharmaceutical products intended for supplying public hospitals, some used to administer medications, replace fluids, and combat infections, as well as others intended for the treatment of acute cancers and to combat anemia.
 
The National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property (Indecopi), through the Commission for the Defense of Free Competition (CLC), reported the imposition, in the first administrative instance, of a total fine of more than S/ 539 million (100,852.72 Tax Units) on 13 companies, including laboratories and distributors, for colluding in government procurement processes.
 
The agency also reported that five executives involved in the infraction were sanctioned with a combined fine of 262.67 UIT (Tax Units), equivalent to more than S/1.4 million. According to the investigation, the companies coordinated both their bids and their decisions not to participate in order to secure the awarding of drug tenders between December 2006 and February 2020.
 
This collusive scheme, considered a "cartel," impacted the purchase of various pharmaceutical products intended for supplying public hospitals. Some of these products are used to administer medications, replenish fluids, and combat infections, while others are used to treat acute cancers and anemia.
 
After analyzing more than 14 years of procurement processes, thousands of bids and offers, information from public agencies, internal communications, participation patterns, and statements from those involved, the agency determined that there was sufficient evidence to initiate a sanctioning procedure.
 
On July 11, 2024, Indecopi issued Resolution 048-2024/DLC-INDECOPI, initiating sanction proceedings against 15 companies: Medifarma, AC Farma, Droguería Sagitario, IQ Farma, Perulab, Teva, Laboratorios Portugal, Laboratorios Americanos, B. Braun, LUSA, Pharmagen, OQ Pharma, Jobal, Laboratorios Lansier, and Pereda.
 
This formalized an investigation into alleged horizontal collusion in the establishment of bids or abstentions in government drug tenders between 2006 and 2020.
 
The resolution also brought charges against five individuals for their alleged active or planning participation in the conduct: Angélica Palomares, John Mac Dowall, Mario Mongilardi, Gabriel Apéstegui, and Nataly Llanos.
 
The resolution can still be appealed to the Specialized Chamber for the Defense of Competition of the Indecopi Tribunal, which will decide whether to uphold, revoke, or annul the decision. Once this avenue is exhausted, the measure can only be challenged before the Judiciary.
 
Former Health Minister Hernando Cevallos: "The problem is comprehensive"
 
For Hernando Cevallos, the Indecopi fine not only demonstrates corporate collusion, but also a deliberate collapse of the State's capacity to protect public health. The former minister asserts that for years, "two or three companies were allowed to control 80 or 90% of the drug market," creating a scenario where bid rigging was practically inevitable.
 
According to Cevallos, practices like those denounced by Indecopi flourished because the State itself "has prioritized the interests of large pharmaceutical companies," generating a market where the health of Peruvians was subordinated to private agreements and inflated prices. On the other hand, he explains that this case is not an isolated incident, but rather the result of structural failures in regulation and state procurement.
 
He points out that key entities such as the General Directorate of Medicines (Digemid) and the National Center for the Supply of Strategic Health Resources (Cenares) operate with “very deficient quality and supply controls” and highly unstable leadership, “even appointing some directors with open investigations,” which creates opportunities for potential acts of corruption and poorly overseen purchases.
 
“Cenares buys and distributes, but no one controls the purchases the State makes from large companies that collude,” he warns, highlighting an institutional weakness that allows pharmaceutical companies to dominate bidding processes for years without being detected. The former minister is particularly emphatic about the possibility that the Ministry of Health itself knew what was happening.
 
He asserts that “it is not only possible, but also their responsibility,” given that Cenares reports directly to the Ministry of Health. For Cevallos, the pattern of changing leadership in the designated institutions could be driven by specific interests. This chain of decisions, he insists, allowed the manipulation of bidding processes to go unnoticed for over a decade, jeopardizing the public budget and affecting patients' access to basic treatments. "The problem is multifaceted… we need to build a state that protects people, not one that panders to large corporations," he concludes.
 
Companies Sanctioned
 
B Braun Medical Peru S.A.
 
Instituto Quimioterápico S.A.
 
Laboratorios AC Farma S.A.
 
Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L.
 
Laboratorios Americanos S.A.
 
Laboratorios Lansier S.A.C.
 
Pharmagen S.A.C.
 
OQ Pharma S.A.C.
 
Laboratorios Portugal S.R.L.
 
Laboratorios Unidos S.A.
 
Medifarma S.A. Pereda
 
Distribuidores S.R.L.
 
Teva Perú S.A.
 
Ultimately, 13 companies were sanctioned, and others were removed from the list due to insufficient evidence to prove their involvement in the alleged infraction or to determine their liability.