Sentencia. Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad del Estado español con el Genocidio en Palestina. TPCGP-25. Verdict. People's Tribunal on Complicity with the Palestinian Genocide in the Spanish State. ESP ENG

ESPAÑOL

ADVERTENCIA DE HW4PS (Health Workers For Palestine, Spain): El tribunal no pretende simplemente condenar/absolver sino, sobre todo, convencer a la opinión pública española con pruebas que demuestren la implicación de España, la intencionalidad y las acciones sistemáticas que hacen posible el genocidio del pueblo palestino en Gaza, dónde actores españoles (o con responsabilidad penal en España) están actuando conscientemente en favor del estado de Israel y beneficiándose del Genocidio propiamente dicho. No se enjuicia a Israel sino a España. 

  [English below]

 EL TPCGP-25 (Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad del Estado español con el Genocidio en Palestina) CONCLUYE CON UNA LLAMADA URGENTE A LA ACCIÓN POR Y PARA LA JUSTICIA EN PALESTINA

NOTA DE PRENSA Y SENTENCIA ("DECLARACIÓN DE MADRID")

El tribunal, presidido por Raji Sourani (Centro Palestino para los Derechos Humanos, Palestina), Rabab I. Abdulhadi (San Francisco State University, California, Estados Unidos) y Luz Gómez (Universidad Autónoma de Madrid, España), se ha celebrado los días 28 y 29 de noviembre en la Facultad de Políticas y Sociología  de la Universidad Complutense de Madrid.

Nota de prensa y sentencia ("Declaración de Madrid"), en Madrid, España, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de MadriD, a 29 de noviembre de 2025

Durante los días 28 y 29 de noviembre, 220 personas han asistido a las nueve sesiones del Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el estado español, foro independiente y autónomo en el que, colectivos, organizaciones y campañas de la sociedad civil, han aportado testimonios, informes y documentación que desvela el entramado de intereses económicos, políticos y culturales que, desde el Estado español, permite la comisión y normalización de crímenes de lesa humanidad contra las y los palestinos.

Las decenas de testimonios compartidos han evidenciado cómo el carácter estructural, profundo y sistémico de las relaciones con el estado sionista de Israel se ha combinado, necesariamente, con una ausencia de decisiones individuales, por parte de los agentes capaces de tomarlas, para romper las inercias del entramado criminal.

La complicidad y la cooperación necesaria se ha sido documentada con informes que se han puesto a disposición de los presidentes de cada mesa, informes que en conjunto superan las 600 páginas, apelan a: 

El gobierno de España y las instituciones estatales, porque, parapetados tras condenas vacías y reconocimientos sin contenido, han contribuido a mantener el business as usual con Israel, violador sistemático del derecho internacional. 

La Banca Armada, por financiar la producción de todos los tipos de armas utilizadas en Gaza y Cisjordania.

 Las universidades, por iniciar y mantener contratos, convenios y proyectos de investigación, incluyendo tecnología de doble uso.

Las empresas, por continuar el comercio con empresas asentadas en territorios ocupados violando así la legislación internacional.

Los colegios y asociaciones profesionales médicas, por ignorar todos los códigos deontológicos de la profesión mediante un silencio activo y tenaz frente a la barbarie y destrucción de la vida.

A la cultura, el deporte y los medios de comunicación, por contribuir a la narrativa de que el estado que en más ocasiones ha violado el Derecho Internacional es un estado más y tiene derecho a la normalidad en sus relaciones con otros estados.  

A todas las anteriores, y otras muchas, por ignorar por completo el llamado urgente de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la ONU y la relatora Francesca Albanese a cumplir la ley y detener el genocidio.

Como gesto de soberanía popular, el TPCGP-25, en esta su primera sesión pública, culmina con una resolución final de 20 puntos que se fundamenta en las investigaciones previas y las aportaciones añadidas en todas las sesiones. Sin embargo, como consideración final, se propone su continuidad .

Las presidentas del Tribunal sentenciaron:

TPCGP-25
Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino en el Estado Español
RESOLUCIÓN FINAL
Presidencia: Rabab Abdulhadi, Luz Gómez y Raji Sourani
Secretaría: Pablo Gutiérrez Vega (Universidad de Sevilla, España)

RESOLUCIÓN FINAL: “DECLARACIÓN DE MADRID” DE 29.11.2025

I. Naturaleza y Mandato del Tribunal

1. El Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio
Palestino en el Estado Español (TPCGP-25) es un tribunal de
conciencia, integrado por personalidades del ámbito jurídico,
académico, cultural y de defensa de los derechos humanos,
convocado por la Red Universitaria por Palestina (RUxP) y
organizaciones de la sociedad civil con el fin de examinar, desde la
perspectiva del derecho internacional y la ética pública, la conducta
de actores estatales y no estatales en sus vínculos con la ocupación,
el apartheid y genocidio del pueblo palestino.

2. Este Tribunal no posee autoridad jurisdiccional estatal ni aspira
a ello. Sigue la tradición de los Tribunales Russell I y II, reconocidos
internacionalmente por su contribución a la denuncia de
violaciones masivas de derechos humanos y al fortalecimiento de la
conciencia moral universal. Su objetivo es estudiar, comprender y
movilizar a la sociedad civil española.

3. El Tribunal examina la posible responsabilidad, por acción u
omisión, del Estado español y de las empresas, organizaciones e
instituciones de su jurisdicción que contribuyen a y/o se benefician
de las graves violaciones del derecho internacional humanitario y el
derecho internacional de los derechos humanos en el contexto
citado, incluyendo su eventual incumplimiento del deber de prevenir
crímenes internacionales como crímenes de guerra, lesa humanidad
o genocidio.

II. Competencia Material y Marco Normativo

4. El Tribunal examina los hechos a la luz de los principios y normas
reconocidas por:
* La Carta de las Naciones Unidas.
* Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales.
* La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio
(1948).
* El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en cuanto
expresión codificada del derecho penal internacional.
* El corpus del derecho internacional de los derechos humanos y los
principios generales del derecho reconocidos por la comunidad de
naciones.
* Los principios rectores sobre las empresas y los derechos Humanos
de Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar” (Resolución
17/4 2011)
* La doctrina consolidada por los Tribunales Russell y el Tribunal
Permanente de los Pueblos sobre derechos de los pueblos,
autodeterminación y responsabilidad indirecta o por complicidad.

III. Sobre los Hechos y las Evidencias Consideradas

Tras las investigaciones, el análisis y la evaluación de los informes
presentados por los equipos de trabajo de las siete mesas
temáticas, el Tribunal considera acreditados los hechos
presentados y emite las siguientes conclusiones:

5. Se ha expuesto y documentado que el Estado español lleva
décadas colaborando con la ocupación, el apartheid y la
Nakba permanente, y con el genocidio en último término, violando la
legalidad internacional y, con ella, la prohibición a los estados
terceros de ayudar o asistir a otro en la comisión de crímenes
internacionales. El gobierno español tenía y tiene pleno
conocimiento de las ilegalidades y crímenes de guerra cometidos
por el Estado israelí, sin que esta información haya motivado las
medidas correspondientes para suspender relaciones económicas
ni diplomáticas, ni para imponer las sanciones obligadas por
numerosas resoluciones internacionales.

6. Un caso de especial relevancia es el relativo a la
Global Sumud Flotilla, atacada por las fuerzas de ocupación israelí, que
secuestraron, maltrataron y deportaron a 49 personas con
pasaporte español. El gobierno “actuó” abandonando la obligación
legal de tomar las medidas necesarias para proteger los derechos
de sus ciudadanos.

7. La expansión de la industria bélico-policial-securitaria, junto con
las prácticas de cabildeo del sionismo, alimenta la trama de
intereses empresariales, sociales y políticos que marcan las
agendas de los agentes implicados. Esta trama de intereses se
sostiene y refuerza sobre una “simbiosis estatal-corporativa” en la
que las administraciones públicas de estados cómplices como el
español actúan a modo de apéndices instrumentales de los
mercados, muy especialmente de las corporaciones dedicadas a la
producción de daño y muerte.

8. Una red de empresas estatales, nacionales e internacionales
participa activamente del negocio del genocidio, prestando
servicios, fabricando productos, alimentando la maquinaria
económica y logística de la ocupación y reforzando sus lógicas de
captura del espacio y opresión sistemática.

9. Durante los últimos dos años, los puertos del Estado español se
han convertido en enclaves cruciales de las rutas que abastecen de
armas y energía al régimen genocida de Israel. Estos puertos,
infraestructuras públicas financiadas con recursos colectivos, se
han convertido en nodos logísticos de una maquinaria genocida
que sostiene la ocupación, el apartheid y la destrucción sistemática
de Palestina. Rutas y escalas se repiten regularmente, con los
puertos de Algeciras, Valencia, Barcelona, Cartagena y la base naval
de Rota desempeñando papeles distintos en una misma red. Los
puertos españoles son piezas de una logística genocida integrada.

10. La evidencia presentada demuestra que la Banca Armada ha
desempeñado un papel crucial en la producción y uso de las armas
utilizadas en Gaza. Los bancos Santander y BBVA, seguidos por
Caixabank, Ibercaja, Banca March… son a la vez beneficiarios y
facilitadores imprescindibles del exterminio del pueblo palestino.

11. Ha sido documentado que empresas del sector de la obra civil y
las infraestructuras se han beneficiado de la ocupación y el
apartheid, puesto que han colaborado y participado en proyectos
desarrollados en los territorios ocupados que violan los principios
los derechos de la población palestina. Constructoras españolas
están asociadas a proyectos energéticos y de infraestructuras
viarias o ferroviarias.

12. Se ha documentado que hay corporaciones multinacionales
extractivas israelíes con filiales en España y directamente cómplices
con el genocidio. Se ha constatado que entidades públicas,
académicas y financieras funcionan de forma entrelazada y
mantienen relaciones con estas empresas cerrando los ojos ante
sus violaciones de los derechos humanos.

13. Se ha documentado que, en ámbitos fundamentales para la
supervivencia del pueblo palestino –como el agua, la energía y los
bienes y servicios básicos–, empresas españolas e israelíes obtienen
importantes beneficios.

14. Se entiende probada la conexión del capital inmobiliario, los
fondos de inversión y ciertas instituciones españolas con fondos de
inversión israelís y estodounidenses responsables de la violación de
los derechos de las y los palestinos, siendo numerosas las filiales de
empresas israelíes que operan en el territorio español. El sector
turístico se presenta como una de las áreas de negocio más
lucrativas para ambas partes.

15. Queda documentado que el mercado de la ciberseguridad en
España está dominado por la tecnología israelí, directa e
indirectamente –a través de empresas estadounidenses vinculadas
a capital israelí–, en el ámbito de las administraciones públicas y en
el privado, y que las empresas tecnológicas son actores clave en la
perpetración del genocidio palestino, así como para el régimen de
apartheid preexistente.

16. Se expone que los medios de comunicación no son espectadores
sino actores estructurales del genocidio: seleccionan, enmarcan,
silencian o amplifican mensajes de blanqueamiento del sionismo y
de deshumanización de la resistencia palestina. La cobertura
mediática de Gaza en 2023–2025 muestra enfoques y posiciones
políticas de complicidad con el genocidio presentadas
frecuentemente como “neutrales”.

17. La incitación al genocidio se produce mediante la difusión por los
medios de comunicación masiva de discursos que deshumanizan al
pueblo palestino y potencian o justifican las acciones de Israel.

18. Israel ejecuta un culturicidio que busca desarticular la memoria
colectiva, quebrar la transmisión intergeneracional y destruir la
identidad nacional del pueblo palestino. El Estado español participa
en la legitimación de la ocupación israelí, el apartheid y el genocidio
mediante la promoción cultural, proyectando una imagen
distorsionada y favorable de Israel. La colaboración cultural toma
así un carácter estratégico.

19. Ha quedado documentado que la influencia de Israel en espacios
culturales contribuye a la aceptación social de políticas ilegales y la
invisibilización de los crímenes cometidos contra las y los palestinos.
Una red cultural de complicidad integra los campos económico,
simbólico y mediático bajo una estrategia de legitimación efectiva y
estructural.

20. La presencia de Israel en el contexto deportivo español se
observa en multitud de áreas. Entre ellas destaca la inversión de
capital israelí y/o sionista en clubes como el Atlético de Madrid o el
Movistar Team, el negocio de la retransmisión de eventos deportivos
por empresas cercanas a Netanyahu, como DAZN, o la compra de
tecnología israelí por organismos españoles como La Liga o el FC
Barcelona. En España, numerosos clubes y eventos deportivos
cuentan con patrocinadores vinculados a las prácticas genocidas,
de ocupación ilegal y de apartheid que Israel lleva a cabo en
Palestina. Junto al patrocinio privado, la participación de
organismos públicos, corporaciones municipales y gobiernos de
comunidades autónomas evidencia su colaboración en la
vulneración de los derechos fundamentales del pueblo palestino.

21. En el ámbito del mercado sanitario queda documentado que,
pese a las reiteradas declaraciones de personal sanitario y
personas expertas en salud pública sobre las atrocidades
cometidas contra la población civil en Gaza, una gran mayoría de
academias, asociaciones y sociedades científicas de medicina,
enfermería o farmacia, así como organizaciones profesionales de la
salud, se ha mantenido en silencio y ha ignorado por completo las
obligaciones impuestas por sus códigos deontológicos. En términos
materiales, la complicidad con el genocidio en el ámbito médico
tiene su principal exponente en el gigante farmacéutico TEVA.

22. Una parte significativa de las universidades del Estado español
sigue participando en consorcios de investigación, manteniendo
convenios de colaboración, cátedras y programas de movilidad con
universidades e instituciones de investigación israelíes. Está
documentado que algunas de estas colaboraciones implican la
investigación para el desarrollo de tecnología de doble uso.

23. Así mismo, se ha documentado la amplia colaboración de las
universidades y centros de investigación españolas con empresas
presentes en los territorios ocupados o que participan de la
economía del apartheid y el genocidio.

24. Centros educativos y universidades del estado español replican
la lógica de eliminación colonial que se implementa en Gaza y en
Palestina, mediante una censura disfrazada de imparcialidad.

IV. Consideración Final

25. El Tribunal declara que esta Resolución se emite con la
convicción de que la voz de la conciencia colectiva es un
instrumento indispensable frente a la impunidad, especialmente
cuando los mecanismos institucionales formales son insuficientes o
lentos para responder a la gravedad de los hechos.

La actual fase del genocidio nos obliga a continuar con este trabajo
de documentación, denuncia y memoria. Instamos a todos los
participantes y colaboradores en este Tribunal a seguir con
trabajos iniciados.

En Madrid, España, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, a 29 de noviembre de 2025

“Nuestra tarea es crear conocimiento, y ningún conocimiento es neutral. Creemos conocimiento por y para la justicia”.  Rabab I. Abdulhadi

“Palestina ha renacido de sus cenizas tras Karameh, tras Beirut, tras Oslo. Lo hará tras Gaza”. Luz Gómez.

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