Ayuda humanitaria a Palestina. Proposición No de Ley. Congreso de España. ESP

Nota: las firmas van al final del texto

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

El Grupo parlamentario plurinacional SUMAR de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de ley relativa a medidas preventivas y de actuación para garantizar la ayuda humanitaria y sanitaria en Palestina para su debate en el Pleno.

Palacio del Congreso, Madrid, 22 de enero de 2025

Exposición de motivos

Tras el reciente anuncio de tregua por parte de las fuerzas de ocupación israelíes y Hamás es importante afianzar el proceso de paz, reconstrucción y reparación tras el genocidio perpetrado por Israel y las gravísimas consecuencias y secuelas que dejan atrás las operaciones de sus fuerzas armadas. Se ha abierto una ventana para poder atender la emergencia humanitaria y sanitaria en la que está sumida la Franja de Gaza. Esta emergencia necesita apoyo internacional para mitigar la grave crisis humanitaria que sufren más de dos millones y medio de personas. De acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Israel debe permitir la entrada y la labor de la ayuda humanitaria y sanitaria de las agencias de NNUU y ONGs especializadas, algo que hasta ahora ha dificultado, llegando a atacar personal, infraestructuras y misiones humanitarias. Las agencias de la ONU y ONG insisten en que la prioridad inmediata es que Israel permita la entrada de asistencia humanitaria suficiente por vía terrestre. En palabras de la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard “No hay tiempo que perder. La continua y deliberada denegación y obstrucción de la ayuda humanitaria a Gaza por parte de Israel ha provocado que la población civil se enfrente a niveles de hambre sin precedentes y que niños hayan muerto de inanición. La comunidad internacional, que hasta ahora ha fracasado vergonzosamente en su intento de persuadir a Israel de que cumpla sus obligaciones legales, debe garantizar que Israel permita de inmediato que suministros vitales lleguen urgentemente a todas las partes de la Franja de Gaza”.

Desde octubre de 2023, Gaza ha sido escenario de bombardeos intensivos, operaciones militares terrestres con destrucción de infraestructuras críticas y desplazamiento forzado continuo de la población y un sitio militar por parte de las fuerzas israelíes. Según la ONU, este bloqueo ha desplazado hacia la región de Rafah, en el sur de la franja, a más de 1,9 millones de personas, en graves condiciones de inseguridad. Nueve de cada diez personas en toda la franja de Gaza están desplazadas internamente, incluidas personas que han sido desplazadas repetidamente, algunas hasta 10 veces.

Diferentes organizaciones internacionales como la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Health workers Alliance for Palestine (HWP) o Médicos Sin Fronteras (MSF) describen el panorama como una catástrofe humanitaria con refugios insuficientes que no garantizan seguridad. Familias enteras viven hacinadas en condiciones que favorecen la propagación de enfermedades infecciosas y el deterioro de la salud mental, con especial incidencia de mujeres y niños. La destrucción de infraestructura crítica, como instalaciones de agua potable y plantas eléctricas, contribuye al empeoramiento de las condiciones de vida. Más de 46.700 personas han sido asesinadas, más de 11.200 están todavía desaparecidas, hay más de 37.000 huérfanos, 4.500 amputados y más de 108.000 heridas. La población civil sufre una hambruna insoportable, debido al estricto asedio israelí. Además, cientos de miles de menores no tienen acceso a educación y la infraestructura sanitaria está gravemente dañada.

El sector salud ha sido uno de los más afectados por los ataques y la escasez de recursos. Según Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un informe reciente de su departamento que abarca el período entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024 documenta patrones de ataques contra hospitales, comenzando por ataques aéreos por parte de Israel, a los que siguen incursiones por efectivos terrestres, la detención de algunos pacientes y empleados, el traslado forzoso de otros cuantos, así como la retirada de las tropas, lo que deja al hospital como inoperativo en la práctica. El informe detalla también el asesinato de pacientes, trabajadores, y otros civiles. Este patrón de conducta supone una flagrante violación del derecho humanitario, un incumplimiento de la resolución 2286 (2016) sobre obligación de permitir la labor y la atención médica en conflictos armados y la resolución 2573 (2021) que exige abstenerse de atacar, destruir, sustraer o inutilizar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, y respetar y proteger al personal humanitario y los envíos utilizados para las operaciones de socorro humanitario.

El informe de MSF titulado Gaza’s Silent Killings, de abril de 2024 documentó las devastadoras consecuencias del conflicto en la Franja de Gaza, centrándose en la destrucción del sistema sanitario, las restricciones a la ayuda humanitaria, y el sufrimiento humano resultante. Esta crisis refleja un patrón de violencia estructural, sistematizada y consciente donde la salud de la población está sistemáticamente comprometida.

HWP realizaron una declaración urgente en noviembre del 2023 donde documentaron los gravísimos daños realizados contra este sector: “Los trabajadores y las personas desplazadas en las zonas que rodean el Hospital Al-Awda y el Hospital Indonesio han sido bombardeados. El Hospital Infantil Al-Rantisi ha sido atacado e incendiado. En la mañana del 10 de noviembre de 2023, Israel bombardeó el recinto del Hospital AlShifa, donde se refugian 14.000 civiles y periodistas. La sala de maternidad, el departamento de urgencias y la clínica ambulatoria, todos ellos abarrotados de civiles que buscan seguridad, fueron atacados . Ahora hay un asedio en curso en el hospital con tanques y francotiradores disparando a cualquiera que intente evacuar el hospital.

Los médicos han sacado a 39 bebés prematuros de las incubadoras después de que

Israel destruyera el suministro de oxígeno; al menos 1 bebé ha muerto hasta ahora. El 10 de noviembre, las fuerzas israelíes entraron en el Hospital Al-Quds y abrieron fuego contra la Unidad de Cuidados Intensivos”.

Los hospitales funcionan al mínimo de su capacidad. La falta de analgésicos, antibióticos y equipos quirúrgicos hace que incluso las intervenciones básicas sean imposibles. Pacientes con heridas abiertas y fracturas complejas no reciben atención adecuada, aumentando el riesgo de amputaciones y muertes por infecciones.

La destrucción ocasionada por los ataques del ejército israelí el pasado 27 de diciembre en el hospital Kamal Adwan, el último hospital que sigue funcionando en el norte de Gaza¹, refleja los patrones de ataques que se documentan en el mencionado informe del alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos. Algunos trabajadores y pacientes fueron obligados a abandonar el hospital a la vez que otras personas, incluyendo el director general, Hussam Abu Safiya, fueron detenidas, bajo múltiples denuncias de tortura y malos tratos.

Los hospitales y clínicas, protegidos bajo el Derecho Internacional Humanitario, han sido bombardeados repetidamente. Estos ataques constituyen violaciones flagrantes de las leyes de la guerra, destruyendo la infraestructura necesaria para salvar vidas. MSF reporta que la capacidad para responder a emergencias es prácticamente inexistente.

Mujeres embarazadas se enfrentan a partos sin asistencia médica. La falta de incubadoras y la interrupción del suministro de oxígeno han resultado en muertes de recién nacidos. Los embarazos de alto riesgo carecen de monitoreo adecuado, poniendo en peligro a madres y bebés. La escasez de leche infantil y alimentos básicos ha puesto en peligro a miles de niños menores de cinco años, aumentando las tasas de mortalidad infantil.

La exposición continua a la violencia extrema ha provocado un aumento significativo de trastornos psiquiátricos graves. MSF destaca el cierre del único hospital psiquiátrico, lo que deja a pacientes con esquizofrenia y otras afecciones sin tratamiento adecuado. Los informes señalan que las familias han recurrido a sedar a sus miembros más vulnerables para evitar conductas peligrosas en ausencia de medicación. Los niños, en particular, experimentan terrores nocturnos y ansiedad crónica.

Las ambulancias no pueden operar debido a la falta de combustible y los ataques directos. Los servicios de transfusión de sangre están paralizados. La falta de electricidad afecta el almacenamiento de vacunas y otros medicamentos sensibles a la temperatura. La falta de acceso a agua potable ha causado un incremento dramático de hepatitis A. Las infecciones respiratorias y la diarrea son prevalentes en los campamentos de refugiados. El colapso del sistema de recolección de basura y la falta de saneamiento básico exponen a la población a nuevos riesgos sanitarios.

Gaza es uno de los lugares más peligrosos del mundo para la entrega de ayuda humanitaria. A pesar de que las fuerzas israelíes habían aprobado formalmente el tránsito de los convoyes de ayuda, estos han sido atacado en varias ocasiones. En poco más de un año desde el 7 de octubre, más de 320 trabajadores humanitarios han sido asesinados durante su labor de asistencia, en comparación con los 281 muertos a nivel mundial en 2023, una cifra ya récord. La disolución de la fuerza policial de Gaza, tras ser blanco de los ataques de las fuerzas israelíes, ha deteriorado el orden público, lo que ha dificultado aún más la distribución de la ayuda.

Según la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) las nuevas restricciones impuestas por Israel durante el último año han agravado los efectos de un bloqueo de 17 años que ha limitado gravemente las importaciones de alimentos, combustible, medicamentos, productos de higiene y refugio. El acceso humanitario se deniega de manera frecuente y sistemática. Un año después del conflicto, la ayuda humanitaria permitida para ingresar a la Franja de Gaza cayó a un mínimo histórico, con un promedio de solo 37 camiones humanitarios por día en octubre de 2024, muy por debajo del promedio diario previo a la guerra de 500.

La propia UNRWA, a pesar de tener un mandato específico de Naciones Unidas para atender las necesidades de los refugiados palestinos, ha sido prohibida por Israel en todo el territorio palestino, y se ve sometida a todo tipo de dificultades y ataques contra sus funcionarios y trabajadores por parte de las autoridades y fuerzas militares israelíes, destruyendo sus instalaciones y asesinando a sus trabajadores. De la actividad de la UNWRA depende la vida y la salud de cientos de miles de desplazados internos gazatíes.

Desde el inicio del Genocidio en octubre de 2023, España ha trasladado 18 palestinos heridos y sus familias. Parece razonable con el compromiso del gobierno con el derecho internacional humanitario que se desplieguen las acciones diplomáticas de coordinación externas y las acciones interministeriales de coordinación interna que eleven de forma significativa estos traslados en los próximos meses. Es particularmente importante que la acción diplomática española incida en la Unión Europea para que se active el Mecanismo de Protección Civil de la Unión. Este Mecanismo, creado en 2001, tiene por objeto reforzar la cooperación en materia de protección civil entre los Estados miembros de la Unión y diez países participantes (Albania, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Noruega, Serbia, Turquía y Ucrania), a fin de mejorar la prevención, preparación y respuesta ante catástrofes.

España debe ejercer presión política en el seno de la Unión para que esta situación cambie de manera inmediata y pueda desplegarse rápidamente la ayuda humanitaria, así como facilitarse la acogida de un número significativo de heridos palestinos en nuestro país, en el marco de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional. Internamente, para hacer posible esta acogida de heridos palestinos, será necesario activar la coordinación con los diferentes Ministerios implicados en este proceso, así como con las Comunidades Autónomas, con el objeto de realizar una distribución territorial de las personas acogidas que sea justa y equitativa. El acuerdo de alto el fuego de enero de 2025 debería facilitar la puesta en marcha de todo este dispositivo de una manera razonablemente rápida y efectiva.

La nueva tregua debe suponer efectivamente el fin de las restricciones impuestas por Israel que dificultan el ingreso de suministros médicos esenciales. Las autorizaciones para convoyes humanitarios sufren largas demoras, lo que retrasa la llegada de medicamentos vitales y alimentos. Las trabas burocráticas y las limitaciones al movimiento de personal sanitario y humanitario agravan la crisis. Este acuerdo de alto el fuego no puede quedarse en un mero compromiso, tras su ratificación es importante una efectiva implementación. Los residentes en Gaza dependen casi exclusivamente de la ayuda internacional, que es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de la población. La destrucción de infraestructuras y activos económicos, así como la prohibición de exportaciones e importaciones de bienes necesarios para la reconstrucción, ha devastado la economía local.

Finalmente cabe recordar que en 2022 la Asamblea General de Naciones Unidas había solicitado a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas que se derivan de que Israel continúe violando el derecho del pueblo palestino a la libre determinación, de sus prolongados actos de ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967. Habiendo recibido la opinión consultiva de la Corte el 19 de julio de 2024, la Asamblea General adoptó el 18 de septiembre de 2024 una importante Resolución sobre

“Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental Ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado” (A/ES-10/L.31/Rev.1), basada en dicha opinión. La Resolución fue aprobada por una mayoría de dos tercios, con 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones. España votó a favor. Entre las medidas adoptadas, la Asamblea General insta a los países a “adoptar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluso en relación con los asentamientos y su régimen asociado”. Además “exhorta también a todos los Estados a este respecto, a que (…) adopten medidas para cesar la importación de cualquier producto originario de los asentamientos israelíes, así como el suministro o la transferencia a Israel, la Potencia ocupante, de armas, municiones y equipo conexo cuando existan motivos razonables para sospechar que puedan utilizarse en el Territorio Palestino Ocupado”.

Por eso, el gobierno de España, y más ahora, como medidas prioritarias y preventivas en esta nueva situación tras el acuerdo del alto el fuego y para evitar continuar con el genocidio y las violaciones de derechos humanos, siguiendo lo establecido en esta Resolución a la que prestó su apoyo, está llamado a cooperar y apoyar las iniciativas de boicot, desinversiones y sanciones contra la actividad económica de las empresas israelíes en nuestro territorio y contra la participación de Israel en todo tipo de eventos culturales y deportivos, tanto nacionales como internacionales. Por ello se procederá a incluir condiciones en los procedimientos de contratación que impidan el concurso de empresas con denuncias o sospechas fundadas de violación de los Derechos Humanos, como es el caso del apartheid de Israel.

En esta línea de actuación cabe también incluir la necesidad de suspender total y definitivamente el comercio de armas con el Estado de Israel y la adopción de medidas que impidan el tránsito de las mismas por nuestro territorio con destino al Ejército de aquel país.

Por todo lo anterior, ante la crisis sanitaria y humanitaria, y en aras de afianzar el nuevo escenario de paz, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

 

1. 1.- Exigir a Israel el fin total y definitivo de toda actividad militar en la Franja de Gaza y en Cisjordania y la retirada de sus tropas, así como la liberación de todos los presos palestinos secuestrados y retenidos en sus cárceles y centros de detención, donde carecen de garantías jurídicas adecuadas y están en riesgo de sufrir tortura.

2. 2.- Sumarse oficialmente a la demanda contra Israel iniciada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) invocando el Artículo 62 del Estatuto de la Corte, para que se depuren las responsabilidades de aquel país en la comisión presunta de un delito de Genocidio contra el pueblo palestino en Gaza.

3. 3.- Impulsar y reforzar la ayuda de emergencia, humanitaria y sanitaria internacional, bajo el liderazgo de Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas, necesaria para la reconstrucción de las instalaciones sanitarias, médicas y de infraestructuras esenciales en Gaza y el acceso de personal sanitario y humanitario, de medicamentos, agua, alimentos y combustible para paliar la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza.

4. 4.- Solicitar formalmente la activación inmediata y urgente del Mecanismo de Protección Civil de la Unión para desplegar su intervención en la Franja de Gaza, exigiendo a Israel la apertura de las fronteras de la Franja para acometer una rápida intervención humanitaria.

5. 5.- Implementar el envío de 50 millones de euros de ayuda inmediata anunciada por el ministro Albares e impulsar la ayuda internacional con nuevas aportaciones españolas. Cumplir las resoluciones 2286 (2016) y 2573 (2021) de Naciones Unidas sobre atención médica en conflictos armados, presentada, conjuntamente, por España con otros estados y que exija la investigación estas violaciones de Derecho Internacional Humanitario por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, con rendición de cuentas de los responsables.

6. 6.- Conforme a lo establecido en la Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre “Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental Ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado” (A/ES-10/L.31/Rev.1) de 18 de septiembre de 2024:

1. Reformar la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y toda la legislación complementaria, de tal manera que se establezcan clausulas en los procedimientos de contratación que impidan el concurso de empresas de países con denuncias o sospechas fundadas de violación de los Derechos Humanos, como es el caso del régimen de apartheid de Israel.

2. Establecer las bases legislativas que permitan dificultar el acceso de las empresas israelíes a facilidades o ventajas legales, administrativas o económicas para instalarse y actuar en nuestro país cuando estén imputadas de colaborar a graves violaciones de derechos humanos, el derecho humanitario o el derecho internacional.

3. Suspender total y definitivamente el suministro a Israel de armas, municiones y equipo conexo y adoptar las medidas que sean necesarias para impedir la transferencia de estas desde otros países utilizando nuestro territorio.

1. 7.- Apoyar públicamente, mediante declaraciones públicas y mediante la contribución económica, a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNWRA) y condenar sin paliativos las intenciones declaradas del gobierno de Israel de prohibir o dificultar su actividad en la Franja de Gaza.

2. 8.- Que los distintos ministerios implicados amplíen el programa de evacuación de heridos y enfermos para prestarles la ayuda sanitaria necesaria en España, facilitando un programa de visados para sus familiares acompañantes. Coordinando para ello a los diferentes Ministerios implicados y a las Comunidades Autónomas, bajo el paraguas jurídico de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional.

9. 9.- Llevar a cabo las gestiones diplomáticas necesarias para la liberación inmediata todo el personal sanitario palestino detenido, incluido a Hussam Abu Safiya, director general del hospital Kamal Adwan.