Lemkin Institute for Genocide Prevention condemns the denialist German narratives. Condena del Lemkin Instituto para la Prevención del Genocidio a la posición alemana a favor del sionismo en Israel ENG ESP

Disinformation and denialist narratives among German political decision-maker. Desinformción y negacionismo entre políticos y decisores alemanes.
(Actualización, de Juristas por Palestina, el 16 de enero, al final del texto del Instituto Lemkin, con el título de: Alemania vulnera derechos de los activistas propalestinos)
El Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio condena los persistentes esfuerzos de varias organizaciones de alto perfil de la sociedad civil alemana para negar el genocidio en curso en Gaza y difundir desinformación y narrativas negacionistas entre los tomadores de decisiones políticas alemanes.
Estos esfuerzos deben entenderse en el contexto más amplio de la estrecha relación de Alemania con Israel, arraigada en su responsabilidad histórica por el Holocausto.
En 2007, la excanciller Angela Merkel acuñó por primera vez el término «Staatsräson» en este contexto, proclamando la responsabilidad de Alemania por la existencia de Israel y su deber de defenderlo. El término se entiende como un principio rector de la política exterior alemana e informa las decisiones parlamentarias, la exportación de armas y el posicionamiento diplomático. Sin embargo, no se ha incorporado a la legislación alemana y, por lo tanto, no implica obligaciones legales para los líderes alemanes.
El Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio insta a las autoridades públicas alemanas a detener de inmediato toda financiación, difusión y legitimación activa de propaganda negacionista del genocidio, disfrazada de experiencia crítica.
El nivel de acceso político del que gozan quienes apoyan el genocidio es profundamente preocupante. Un discurso en el que la negación del genocidio se ha normalizado y se ha desplegado estratégicamente no solo viola el derecho internacional, sino que también amenaza los cimientos mismos del Estado democrático alemán.
Un porcentaje cada vez mayor de la población alemana ya no apoya la postura de su gobierno: cerca del 60 % de los alemanes cree que las acciones de Israel constituyen genocidio y dos tercios afirman que la política exterior del país no debe guiarse por una simple Staatsräson, sino ante todo por el derecho internacional y los derechos humanos universales.
El persistente ambiente negacionista en Alemania, por lo tanto, no se sostiene por sí solo. Sin embargo, tampoco se impone únicamente mediante decisiones políticas aisladas y presiones desde arriba. Más bien, la negación del genocidio en Alemania se genera e institucionaliza activamente a través de una red de centros de investigación alineados con Israel, actores de la sociedad civil y puntos de acceso parlamentarios que, en conjunto, traducen la negación del genocidio en una "experiencia" legítima, respetable y relevante para la formulación de políticas.
Instamos además al gobierno alemán a retirar la financiación pública y a poner fin al acceso parlamentario privilegiado a las organizaciones e iniciativas dedicadas a la negación del genocidio y al descrédito sistemático de las instituciones jurídicas internacionales.
Recordamos a Alemania y a todos sus organismos políticos sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio, incluido el deber de prevenir y sancionar el genocidio y cualquier forma de complicidad.
Sobre todo, instamos al Estado alemán a poner fin a su complicidad en el genocidio contra los palestinos, incluyendo la exportación de armas y el apoyo diplomático acrítico al Estado que comete el genocidio.
Alemania vulnera derechos de los activistas propalestinos
Fiscal de Madrid, miembro de la Plataforma de Juristas por Palestina
15/01/2026 21:30-Actualizado a16/01/2026 07:53
La finalidad de este análisis es transmitir desde el ámbito jurídico la grave situación que sufren los activistas y manifestantes solidarios con la justa causa palestina en el Estado alemán en la actualidad, al ver gravemente conculcados sus derechos fundamentales como es la libertad de expresión y manifestación. En efecto, por el ejercicio normal de sus derechos de crítica política, propio de un Estado democrático, en el contexto de solidaridad con una población que está sufriendo un constante genocidio, estos miles de personas, ciudadanos de Alemania, sufren violencia policial y persecución judicial. Los aparatos del Estado, policial y judicial, se desvían de la naturaleza de un Estado democrático, y se comportan como agentes autoritarios del sionismo y del Estado de Israel. Esta persecución estatal se ejecuta bajo la parafernalia de la represión de supuestos delitos de incitación al odio contra los judíos, o antisemitismo, confundiendo gravemente esta actividad ilícita con la crítica política al Estado de Israel.
Detenciones de activistas y procesos judiciales
Siendo grave esta situación en toda Alemania, la Organización alemana de solidaridad "Palestina on trial" ha hecho un seguimiento especial en la ciudad de Berlín. Han hecho un seguimiento de los procesos abiertos en los tribunales de esa ciudad-Estado, contabilizando desde Octubre de 2023 más de 12.000 procesos penales.
Estos procesos comienzan por detenciones policiales de manifestantes pacíficos, respecto de los que ya existen prejuicios. Existen muchos lemas o gestos que ya se consideran lemas antisemitas por atribuirse a organizaciones catalogadas de terroristas contra Israel. Así, el lema "desde el río hasta el mar, Palestina vencerá". Que se atribuye a Hamas. O el puño cerrado, que se vincula a Samidoun. A raíz de aquí, los fiscales reciben instrucciones políticas para acusar por cargos de antisemitismo a todos los detenidos, y una gran parte de los jueces berlineses condenan acríticamente confirmando los análisis policiales. Se ha dado el caso de policías que han hecho imputaciones por agresión que se han desmentido por vídeos de los manifestantes aportados a los juicios, y que aún así no han evitado la condena por agresión o atentado. El porcentaje de condenas llega a la mitad de los casos. Es cierto que hay jueces que archivan los procedimientos por falta de indicios delictivos. Pero el resto debería hacer lo mismo.
Es asombroso que los jueces y fiscales alemanes se aparten de un modo tan grosero del estándar europeo e internacional de los Derechos Humanos. La defensa del derecho a la libertad de expresión está en la base de este sistema. En concreto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que está sometida Alemania, tiene una muy consolidada jurisprudencia sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito de la crítica política, donde se ensancha su ámbito, por ser vital en un Estado democrático. Así, impone los siguientes requisitos para legitimar la intervención penal en este ámbito:
- Previsión legal contenida en la legislación penal del Estado.
- Necesidad de esa intervención para la defensa de un bien jurídico legítimo.
- Proporcionalidad de la intervención, para evitar el efecto "desaliento" que una sanción desproporcionada podría generar en terceras personas.
En este sentido, el TEDH ha considerado innecesaria, y, por tanto, ilegítima, la intervención penal contra manifestantes que han quemado en la vía pública retratos de dirigentes políticos, o banderas e insignias, considerando que este tipo de actos como otros se han incorporado al ámbito lícito de la crítica política contra un Estado a través de los actos enmarcados en la "violencia simbólica", no real.
A su vez, para criminalizar estos actos de crítica política por constituir "discurso del odio", a "apología de la violencia", se tiene que acreditar que los activistas defiendan el uso de la violencia para la obtención de sus fines políticos, para imponerse por la fuerza, lo que es incompatible con una sociedad democrática.
Es obvio que la crítica política a la actuación de Israel de ocupación del territorio palestino, con asentamientos prohibidos por el Derecho Internacional, y expulsión de la población nativa, el apartheid contra dicha población originaria, así como su persecución sistemática mediante actos violentos masivos, incluyendo su destrucción o limpieza étnica, no sólo es una crítica pública lícita, sino que forma parte de la reacción que debe llevar a cabo la sociedad civil y la comunidad internacional, como ha puesto de manifiesto la Corte Internacional de Justicia en su dictamen de julio de 2024 y como pone de manifiesto constantemente la relatora de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese.
Cuandodo la propia Corte Internacional de Justicia ha impuesto medidas cautelares a Israel, al existir un riesgo plausible de comisión del delito de genocidio, la Corte Penal Internacional ha dictado orden de detención contra el máximo dirigente de Israel y su exministro de defensa por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio ha dictaminado recientemente, a instancia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que Israel ha cometido cuatro de las cinco modalidades objetivas de genocidio, es patológico confundir estas críticas con actuaciones de antisemitismo o de incitación al odio contra un colectivo vulnerable.
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