"Si Francesca Albanese es terrorista, yo también". "If Francesca Albanese is a terrorist, then so am I" ESP ENG

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"Si Francesca Albanese es terrorista, yo también". 

Estados Unidos impone 'sanciones de grado terrorista' a la relatora de la ONU, Francesca Albanese

Francesca Albanese ha sido sancionada por Estados Unidos.
Ha sido incluida en la lista estadounidense de terroristas y sometida a las sanciones estadounidenses reservadas para terroristas.

¿Su “delito”?
Denunciar delitos contra los derechos humanos en Palestina y exponer la implicación directa de gigantes tecnológicos de Estados Unidos en el genocidio de Israel en Gaza.
En síntesis: "Una relatora de derechos humanos de la ONU, tratadа como terrorista por documentar un genocidio".

Albanese identificó a estas empresas:
Alphabet, Amazon, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, Lockheed Martin, Microsoft y Palantir.
Estas empresas han prestado servicios en la nube e inteligencia artificial al ejército israelí para operar sistemas de armas y seleccionar objetivos de bombardeo.

La misión de Francesca Albanese es recopilar información y elaborar recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en los 6.000 kilómetros cuadrados de territorio palestino que, según la propia ONU, Israel ocupa ilegalmente. Para eso fue elegida relatora de este organismo en mayo de 2022. 

Desde entonces, Albanese debía cartografiar un genocidio y solicitar una y otra vez a los estados que cumplieran con los tratados sobre derechos humanos con los que se habían comprometido y que acataran la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que les obligaba a evitar que la humanidad cometiera este crimen de nuevo.

Pero para ello, los estados y sus empresas debían dejar de lucrarse con él. Denunciar estas alianzas le ha costado amenazas de muerte, acusaciones de antisemitismo y sanciones económicas por parte de Estados Unidos.

Nada de ello ha acallado a la jurista italiana, que ha recopilado reflexiones sobre la impunidad de Israel en múltiples informes y en el ensayo "Cuando el mundo duerme. Historias, palabras y heridas de Palestina".

Estados Unidos ha impuesto lo que describe como “sanciones de grado terrorista” a una relatora de la ONU y a varios jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI).

La Administración Trump incluyó el 6 de febrero de 2026 a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, junto con altos miembros de la CPI, en la lista de Nacionales Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, congelándoles sus activos y cortándoles acceso al sistema financiero global.

Los funcionarios estadounidenses han tratado de justificar las medidas acusando a la CPI de llevar a cabo investigaciones “ilegítimas y sin fundamento” sobre funcionarios israelíes por el genocidio que perpetra el régimen sionista en Gaza, así como investigaciones pasadas que involucraron a personal militar estadounidense.

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de asuntos militares, Yoav Gallant, por cargos que incluyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, en particular el uso del hambre como método de guerra contra los habitantes de Gaza.

De acuerdo a la fuente, las sanciones contra Albanese se ejecutaron, al parecer, luego de que ella enviara cartas confidenciales a una serie de empresas estadounidenses, advirtiéndoles que podrían ser nombradas en un informe de la ONU por “contribuir a graves violaciones de los derechos humanos” vinculadas a las operaciones militares israelíes en Gaza y la Cisjordania ocupada.

Las empresas contactadas incluyeron Alphabet, Amazon, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, Lockheed Martin, Microsoft y Palantir. Al menos dos de esas empresas buscaron ayuda de la Casa Blanca después de recibir las cartas, dijeron funcionarios estadounidenses a Reuters.

La Administración Trump citó posteriormente la correspondencia como evidencia de que Albanese estaba llevando a cabo lo que describió como una “guerra política y económica”.

“Está claro que no se ha respetado mi inmunidad diplomática”, declaró Albanese a la agencia Reuters, añadiendo que la responsabilidad recae en el fracaso de los Estados miembros a la hora de actuar con decisión.

A Francesca Albanese se le prohíbe entrar a Estados Unidos incluso para comparecer ante las Naciones Unidas en Nueva York y presentar uno de sus dos informes anuales. El otro se presenta en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Washington también sancionó a ocho jueces de la CPI y a varios fiscales, incluidos funcionarios involucrados en la autorización de investigaciones relacionadas con Gaza y Afganistán.

Según el informe, las medidas forman parte de una campaña estadounidense más amplia para presionar a las instituciones internacionales consideradas como una amenaza para los intereses estadounidenses o de sus aliados.

Los defensores de los derechos humanos y los expertos en derecho advirtieron que tales acciones corrían el riesgo de paralizar la capacidad de la Corte Penal Internacional de funcionar y sentar un precedente para el uso de la fuerza económica para atacar a los tribunales internacionales y los mecanismos de las Naciones Unidas.

Por su parte, la CPI condenó las sanciones y subrayó que continuará su trabajo “para brindar justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades”.

Las sanciones siguieron a las impuestas en febrero y junio al fiscal del tribunal Karim Khan y a dos jueces por emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant.

Los activos de Francesca en Estados Unidos han sido congelados, incluyendo su cuenta bancaria y su apartamento en ese país. Las sanciones la excluyen del sistema bancario internacional, incluso impidiéndole usar tarjetas de crédito. Su seguro médico privado se niega a reembolsarle sus gastos médicos. Las habitaciones de hotel reservadas a su nombre han sido canceladas. 

Instituciones, incluyendo universidades estadounidenses , grupos de derechos humanos, profesores y ONG, que en su momento cooperaron con Francesca, han roto vínculos, temerosas de las sanciones impuestas a cualquier ciudadano estadounidense que colabore con ella. Ella y su familia reciben frecuentes amenazas de muerte. Israel y Estados Unidos han organizado una campaña para que la destituyan de su cargo en la ONU.

Francesa Albanese es la prueba de que cuando te mantienes firme con los oprimidos, serás tratado como el oprimido.

Francesca Albanese: “Las democracias liberales se dirigen hacia el modelo israelí, con vigilancia, control y exclusión”
“Muchos países corren a conseguir la última tecnología israelí, probada sobre los palestinos, para controlar a sus propias poblaciones”, advierte la relatora de la ONU, que acaba de publicar su libro 'Cuando el mundo duerme'
"Estamos viviendo un proceso progresivo de israelización del espacio público, porque Israel representa un modelo para las democracias liberales: un modelo de democracia donde unos pocos pueden votar, sí, pero la mayoría no solo no vota, sino que está privada de derechos. Y este es también el modelo de democracia hacia el que se dirigen las democracias liberales, en las que hay pobres, migrantes, comunidades desposeídas que forman parte de nuestras democracias pero que no pueden disfrutar de esos derechos.  
Vivimos en un sistema gobernado por intereses financieros y capitalistas que dominan a los Estados y determinan nuestras vidas. Formamos parte de ello, Israel es parte de ello, el imperialismo estadounidense, nosotros en Europa también". 
"En los últimos siete meses no he podido acceder a mi cuenta bancaria, a mis ingresos, porque ningún banco en el mundo puede ayudarme. Necesito que un Estado me garantice ese derecho, que asuma la responsabilidad de decir a los bancos: “Nosotros respondemos por ella”.
Basta con que un país haga lo correcto para frenar estos abusos. ¿Por qué tengo que ser tratada como una terrorista, como una narcotraficante, siendo además una persona de la ONU?"

Boicot. "Por eso animo a todo el mundo a boicotear a las empresas que se benefician de la ocupación israelí y del genocidio, como Booking.com o Airbnb. Estas empresas deben dejar de invertir en la ocupación y prescindir de los beneficios que obtienen en el contexto de un genocidio.
Pero también el boicot y la desinversión deben afectar a los institutos de investigación y a las universidades. En España hay una red de unas 40 universidades que han roto lazos con universidades israelíes.
Pero el programa Horizon de la Unión Europea continúa. Empresas israelíes de tecnología digital, de vigilancia y militar reciben fondos a través de ese programa. Esto es inaceptable". 

FRANCESCA ALBANESE POR MR FISH

ENGLISH

If Francesca Albanese is a terrorist, then so am I

The United States imposes 'terrorist-grade sanctions' on UN rapporteur Francesca Albanese

Francesca Albanese has been sanctioned. She has been included on the US terrorist list and subjected to US sanctions reserved for terrorists. His “crime”? Denounce crimes against human rights in Palestine and expose the direct involvement of US technology giants in Israel's genocide in Gaza.

In short: "A UN human rights rapporteur, treated as a terrorist for documenting a genocide."

 Albanese identified these companies: Alphabet, Amazon, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, Lockheed Martin, Microsoft and Palantir.

These companies have provided cloud services and artificial intelligence to the Israeli military to operate weapons systems and select bombing targets.

Francesca Albanese's mission is to collect information and make recommendations to improve the human rights situation in the 6,000 square kilometers of Palestinian territory that, according to the UN itself, Israel illegally occupies. For this, she was elected rapporteur of this organization in May 2022.

Since then, Albanese had to map a genocide and ask states again and again to comply with the human rights treaties to which they had committed themselves and to abide by the ruling of the International Court of Justice (ICJ) that obliged them to prevent humanity from committing this crime again.

But to do this, states and their companies had to stop profiting from it. Denouncing these alliances has cost him death threats, accusations of anti-Semitism and economic sanctions from the United States.

None of this has silenced the Italian jurist, who has compiled reflections on Israel's impunity in multiple reports and in the essay "When the world sleeps. Stories, words and wounds of Palestine."

The USA have imposed what they describe as “terrorist-grade sanctions” on a UN rapporteur and several judges and prosecutors of the International Criminal Court (ICC).

According to a report published by Reuters on Friday, 6 Feb 2026, the Trump Administration placed Francesca Albanese, the UN special rapporteur on the occupied Palestinian territories, along with senior members of the ICC, on the US Treasury Department's list of Specially Designated Nationals, freezing their assets and cutting off their access to the global financial system.

Reuters argued that US officials have tried to justify the measures by accusing the ICC of carrying out “illegitimate and baseless” investigations into Israeli officials over the genocide perpetrated by the Zionist regime in Gaza, as well as past investigations involving US military personnel.

In November 2024, the International Criminal Court issued warrants against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his then-Minister of Military Affairs, Yoav Gallant, on charges including war crimes and crimes against humanity, particularly the use of starvation as a method of war against Gazans.

According to the source, the sanctions against Albanese were apparently implemented after she sent confidential letters to a series of American companies, warning them that they could be named in a UN report for “contributing to serious human rights violations” linked to Israeli military operations in Gaza and the occupied West Bank.

Companies contacted included Alphabet, Amazon, Caterpillar, Chevron, Hewlett-Packard, IBM, Lockheed Martin, Microsoft and Palantir. At least two of those companies sought help from the White House after receiving the letters, US officials told Reuters.

The Trump Administration later cited the correspondence as evidence that Albanese was waging what it described as a “political and economic war.” “It is clear that my diplomatic immunity has not been respected,” Albanese told the agency, adding that the responsibility lies with the failure of member states to act decisively.

Albanese calls for isolating Israel for blocking aid to Palestinians Washington also sanctioned eight ICC judges and several prosecutors, including officials involved in authorizing investigations related to Gaza and Afghanistan.

According to the report, the measures are part of a broader US campaign to pressure international institutions seen as a threat to US or allied interests. Human rights advocates and legal experts warned that such actions risked crippling the International Criminal Court's ability to function and setting a precedent for the use of economic force to attack international courts and United Nations mechanisms. 

For its part, the ICC condemned the sanctions and stressed that it will continue its work “to bring justice and hope to millions of innocent victims of atrocities.”