El apartheid ecológico con el que Israel somete a los palestinos
Adrián Rama Osante
Agosto 11, 2024
Hace ya algún tiempo que la situación de opresión institucional que sufren los palestinos en los territorios ocupados por Israel fue calificada por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o B’Tselem como “régimen de apartheid”. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y el propio Tribunal Internacional de Justicia de la ONU –máximo órgano judicial a nivel mundial– han llegado a la misma conclusión.
Normalmente el tipo de investigaciones que han realizado las organizaciones mencionadas se centran en los aspectos fundamentales que permiten identificar el crimen de apartheid perpetrado por Israel contra los palestinos. Es decir, cuestiones como la discriminación jurídica, la fragmentación de sus territorios, la segregación etnorracial, el control exhaustivo de sus movimientos, la violenta represión política de la que son víctimas, la privación de sus derechos económicos y sociales, la expropiación de sus tierras, recursos y propiedades, etcétera. Pero el férreo régimen de apartheid con el que Israel subyuga a los palestinos va más allá de los aspectos que resultan decisivos para la identificación del crimen de lesa humanidad conforme a los criterios del derecho internacional.
En adelante examinaremos una dimensión del apartheid israelí que suele ser tratada como lateral o secundaria, pero que merece un análisis autónomo porque resulta ser un importante eje de dominación: la dimensión ecológica, ecosistémica o medioambiental.
Enajenar a los palestinos de sus medios de vida
Una de las prácticas más efectivas que emplean las fuerzas israelíes es la táctica militar conocida como “tierra arrasada” o “agroterrorismo”, que consiste básicamente en destruir, sustraer o inutilizar los medios de subsistencia del adversario –ganado, cosechas, reservas de agua, fábricas de alimentos, complejos de pesca, etcétera–. Pese a ser una táctica codificada en los Convenios de Ginebra (cap. III, art. 54 - 2) como “crimen de guerra”, las autoridades israelíes y los colonos no solo la emplean en los conflictos bélicos declarados, sino también durante los momentos de relativa apacibilidad con las facciones armadas palestinas.
Si resulta ser una práctica especialmente efectiva para someter a los palestinos es porque su sistema económico se basa fundamentalmente en el sector agropecuario. Para destruir las fuentes de sustento del pueblo palestino, las fuerzas israelíes no necesitan utilizar armas pesadas. Les basta con inundar, aplastar o incendiar sus tierras de cultivo y campos de pastoreo, matar o secuestrar a sus ganados, arrancar sus árboles, confiscar sus herramientas y productos agrícolas, expropiar sus tierras más fértiles, destruir sus plantas potabilizadoras, incapacitar sus sistemas de riego o contaminar sus reservas de agua potable.
Los pogromos que los colonos llevan tiempo perpetrando con regularidad en los Territorios Palestinos Ocupados –con la tolerancia e incluso la colaboración del Estado israelí– no solo están desplazando poco a poco a la población nativa, sino que también están destruyendo las infraestructuras comerciales y la base ecológica de la economía palestina.
La cuestión del agua potable resulta especialmente significativa. Aunque no es el único recurso natural que las autoridades israelíes saquean a los palestinos –véanse por ejemplo las reservas de hidrocarburos del Mediterráneo–, sí es uno de los más valiosos, sobre todo porque Israel y Palestina se encuentran situadas en una de las regiones biogeográficas más afectadas por la creciente desertificación del planeta.
Algunos medios han empleado la noción de “apartheid hídrico” para referirse a la situación de dominio casi total –en torno al 85% y 90%– del circuito de extracción, distribución y consumo del agua potable que Israel ha conseguido en la región, y con el que restringe enormemente el acceso de los palestinos a las fuentes de agua dulce en sus tierras. Un dominio que Israel consiguió legitimar –al menos temporalmente– en la firma de los acuerdos de Oslo II (1995) disfrazando la colaboración con el apartheid que ha mantenido desde entonces la Autoridad Nacional Palestina como “cooperación”.
En virtud de estos acuerdos, se instituyó el Joint Water Committee, una autoridad mediante la que Israel determina con un sistema de permisos el ritmo y la cantidad de agua que los palestinos pueden extraer de los acuíferos de Cisjordania, e incluso también la que pueden recolectar del agua de las lluvias.
Junto a esta administración de los permisos de uso del agua, las autoridades israelíes han consolidado el apartheid hídrico contra los palestinos por otros medios, como la destrucción de sus infraestructuras hídricas –los sistemas extracción, potabilización, saneamiento y canalización–, el control exclusivo de tuberías, pozos, canales, acuíferos o plantas desalinizadoras y, por supuesto, la ocupación militar permanente que mantienen de forma ilegal en los Altos del Golán sirios y el valle del Jordán palestino, de donde procede la mayor parte del agua dulce de la región.
Desde 2016, Israel comenzó a combatir el estrés hídrico que sufre construyendo plantas desalinizadoras dispuestas a transformar el agua marina en agua potable. Estas factorías utilizan en el procesamiento del agua energías provenientes de combustibles fósiles, cuya quema emite gases de efectos invernadero que contribuyen a la crisis climática antropogénica que es, a su vez, una de las causas principales de la desertificación creciente del bioma de la Palestina histórica –naturalmente semiárido–, entre otras regiones del planeta.
Además, durante el proceso de desalinización, se vierten de nuevo al medioambiente las toneladas de salmuera que han sido extraídas, lo que provoca efectos perjudiciales en los ecosistemas marinos –afecta a la biodiversidad y a las aguas subterráneas– que sufren mucho las actividades pesqueras de los palestinos en la Franja de Gaza –cuyo espacio está de por sí restringido al arbitrio de Israel– y reducen también sus posibilidades de hallar acuíferos dulces.
Otro método popular entre las autoridades israelíes es la depredación de la fauna y la vegetación local. Desde la fundación del Estado israelí en 1948, se inició un proceso –que ha sufrido recesos y aceleraciones– para arrasar las comunidades biológicas de la región: los árboles nativos –robles, olivos o algarrobos–, los cultivos de subsistencia –higos, almendros, etcétera– y los animales domesticados –cabras, ovejas, caballos, etcétera–.
Una erradicación que ha ido precedida por la exportación de los ecosistemas occidentales mediante la siembra de pinos europeos –cuya resina favorece los incendios forestales– y otras plantas no autóctonas como eucaliptos o pistachos por parte del Fondo Nacional Judío. Lo que forma parte tanto de la táctica colonial de poblamiento israelí –que no solo incluye poblaciones humanas– como de la estrategia general que sigue Tel Aviv para borrar la cultura palestina. De ahí que uno de los objetivos de la violencia israelí sean los olivos, un árbol que representa un símbolo de la identidad, la cultura y el arraigo a la tierra del pueblo palestino.
El papel que ha jugado la transformación ecológica de la región en la limpieza étnica de Palestina está paradigmáticamente representado por la figura de Yosef Weitz, quien fuera el director del Departamento de Tierras y Forestación del Fondo Nacional Judío. Se trata de un personaje histórico al que se le conoce como “el arquitecto de la transferencia” y como “el padre de los bosques”, puesto que ideó el Comité de Transferencia que se encargó de desterrar a los palestinos en la Nakba y dirigió la campaña de reforestación con la que Israel cubrió entre árboles algunas de las aldeas palestinas que arrasaron durante la limpieza étnica.
Para ampliar: La segunda Nakba: colonización y genocidio en la Franja de Gaza
Si nos vamos a tiempos más recientes, podemos observar que la dimensión ecológica no ha dejado de ser uno de los canales por los que Israel continúa perpetrando la limpieza étnica de la Palestina histórica. En 2016 se aprobó en la Knéset un plan de aforestación del desierto del Néguev que supuso el desplazamiento forzoso de muchos de los beduinos –palestinos con ciudadanía israelí– que habitaban allí, la continuación del ocultamiento entre la vegetación de los pueblos palestinos en ruinas que testimonian la Nakba, y también la declaración del bosque como “zona natural protegida” para seguir negando el derecho al retorno de los refugiados palestinos.
Con este tipo de métodos que podríamos denominar “bio-coloniales”, Israel consigue además cierta legitimación del apartheid y la ocupación militar de cara a las potencias occidentales mediante el greenwashing, así como sostener la narrativa sionista según la cual la Palestina histórica era un desierto estéril hasta que la fundación de Israel transformó la región un oasis resplandeciente y lleno de vida.
La contaminación como arma de guerra
La empresa israelí Ordotec –especializada en la fabricación de tecnologías de dispersión y represión no letales– desarrolló hace pocos años junto al Departamento de Policía de Israel un camión cisterna que dispara un líquido maloliente y putrefacto a gran presión. Es un arma química diseñada para la represión de protestas, huelgas y concentraciones palestinas que provoca naúseas, impide la respiración, irrita la piel y los ojos, provoca dolor abdominal y en condiciones extremas puede llegar a ser letal.
También ha sido empleada por las autoridades israelíes para imponer a los palestinos que protestan contra el apartheid castigos colectivos degradantes rociando sus barrios enteros con el líquido maloliente. Pero este camión “mofeta” es solo la punta del iceberg del uso bélico y punitivo que ha hecho Israel de la mugre contra los palestinos, y que en la guerra de Sucot ha alcanzado seguramente su máxima expresión.
Desde el inicio de la contienda, las fuerzas israelíes han endurecido el bloqueo a la entrada de insumos y mercancías en la Franja de Gaza –que antes del conflicto ya era insuficiente– hasta tal punto que, según la ONU, el 96% de la población gazatí padece un hambre severa. Provocar hambruna y desnutrición impide el desarrollo biológico –de los infantes sobre todo– y deja los cuerpos en un perfecto estado de vulnerabilidad contra cualquier agente patógeno que lo amenace.
El corte de la circulación incluye alimentos, agua potable, electricidad, telecomunicaciones, combustible, medicamentos y otros suministros médicos. Y dado que la mayor parte del agua disponible en Gaza no es apta para el consumo humano, con el bloqueo a la llegada de combustibles –necesarios para el proceso de potabilización– y la destrucción de las instalaciones de abastecimiento de agua, Israel ha obligado a los gazatíes a beber agua pestilente o salina –además de alimentos en mal estado–, introduciendo así enfermedades estomacales en sus ya debilitados sistemas inmunológicos, como brotes de diarrea, poliomielitis y cólera. Sobra decir que los soldados israelíes ya están vacunados contra la polio.
Además, el desplazamiento continuo de la población palestina ha supuesto su hacinamiento en espacios cada vez más estrechos, lo que ha facilitado enormemente la transmisión de enfermedades y formación de epidemias como las ya mencionadas, además de algunas otras como hepatitis A o meningitis. A mes de mayo de 2024 ya se habían registrado más de un millón de casos de enfermedades infecciosas en diferentes centros sanitarios del enclave desde el estallido de la guerra.
A esto se sumar que, debido al bloqueo israelí, el ganado también está muriendo de hambre. Estos animales, además de ser seres sintientes, tienen un valor como medio de desplazamiento y fuente de alimento para los gazatíes. Sus matanzas están provocando amontonamientos de cadáveres de donde brotan también organismos infecciosos.
Las campañas intensivas de bombardeos aéreos por parte del ejército israelí han acabado por infectar todo el ambiente y hacer de la Franja de Gaza un emplazamiento inhabitable. Tan solo en los dos primeros meses de la guerra, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) arrojaron 60.000 toneladas de explosivos, masacrado directamente a miles de palestinos y también contaminando la salubridad del ambiente a lo largo plazo: sembrando metralla en la tierra que impide su regeneración natural, dejando tras de sí una estela de gases tóxicos y contaminantes, etcétera.
Según informaba la ONU, los bombardeos incesantes de la aviación israelí han generado 39 millones de toneladas de escombros. Es decir, hay aproximadamente más de 107 kilogramos de escombros por cada metro cuadrado en la Franja de Gaza, los cuales además de esconder cadáveres y artefactos explosivos sin detonar, producen polvo en suspensión que contamina el aire.
La cultura material gazatí ha sido arrasada y reducida a escombros por los bombardeos israelíes: campamentos, viviendas, carreteras, comercios, embarcaciones, puertos, escuelas, universidades, hospitales, bibliotecas, toda clase de instituciones de culto, patrimonio artístico y cultural, instituciones políticas, etcétera. Este tipo de prácticas militares de vandalismo constituyen por sí solas un genocidio cultural.
Pero seguramente la mayor contribución que ha hecho la campaña israelí de bombardeos al genocidio en curso, junto al encadenamiento de masacres en serie, ha sido el colapso total de las instituciones médicas y de higiene pública, que ha incapacitado tanto a los agentes encargados de tratar a las víctimas de los atentados como de canalizar la contaminación provocada.
Conforme a la ONU, desde el comienzo de la guerra, los ataques israelíes han dañado a más de la mitad de las instalaciones de la UNRWA en la Franja de Gaza y han dejado fuera de servicio a casi la totalidad de las instituciones médicas –hospitales, centros de salud, ambulancias, etcétera–, además de haber destruido los sistemas de abastecimiento y saneamiento del agua, así como los servicios de tratamiento de los residuos sólidos. Lo que ha hecho que toneladas de basura, escombros, cadáveres y aguas residuales se acumulen en la franja contaminando el suelo, el agua y el aire de la zona.
Los pocos hospitales que siguen todavía operando en el terreno están obligados a funcionar sin combustible, comunicaciones, electricidad y suministros médicos para tratar a cantidades masivas de población que rebasan con mucho su capacidad de tratamiento. Y por si fuera poco, la destrucción de las instituciones médicas también ha obstaculizado el conteo total de las víctimas mortales, los heridos y los desaparecidos en la Franja de Gaza, unas cifras que llevan tiempo congeladas porque dependen de la centralización en el Ministerio de Salud de las estadísticas de todos los centros médico del enclave.
Guerra sucia, apartheid ecológico y limpieza étnica
Las técnicas de dominación medioambiental con las que el Estado israelí enajena a los palestinos de sus medios de vida llevan tiempo escalando desde el apartheid hacia formas más brutales de violencia colectiva como la limpieza étnica o el genocidio. Durante la guerra que estalló en octubre de 2023, las autoridades israelíes han transformado la Franja de Gaza en un medio de muerte, terror y mugre a través de una serie de intervenciones militares que han sumido a toda la población gazatí en la más absoluta inmundicia. El ejército israelí está empleando la contaminación biológica contra los palestinos.
Además de las armas de asesinato y masacre que atraviesan los tejidos de los cuerpos de cada individuo con fuego y metralla, las fuerzas israelíes están empleando armas de exterminio que se dirigen a la destrucción del medio de vida, imponen condiciones malsanas de existencia, se abaten sobre el cuerpo social en su conjunto y no dejan un solo gazatí sin que note su presencia.
La de un hambre y una sed reglamentarias, la de múltiples epidemias que se propagan en condiciones de hacinamiento, la de los miasmas que supuran los amontonamientos de cadáveres, la de los agentes patógenos que campan a sus anchas entre los residuos acumulados, la de un aire contaminado que se incrusta en los pulmones, la del polvo en suspensión que genera la devastación de los edificios, la de un agua amarga, pestilente y contaminada, etcétera.
« Ils font ce qu’ils veulent. Ils n’ont pas de limites. Ils ont accès à l’eau et à la terre » explique Khalil Alamour, paysan de la région de Naqab, en entretien avec Luke Carneal. Il se réfère à la dépossession systématique pratiquée par Israël à l’encontre des communautés de bédouins, chaque jour un peu plusacculées dans cette zone désertique limitrophe de Gaza. Alors que de l’autre côté de la frontière la population palestinienne endure le génocide et la famine, l’agro-industrie israélienne prospère. Ses monocultures industrielles, qui exigent beaucoup d’eau, ont déplacé les cultures bédouines adaptées au fil des siècles au climat aride de la région. Aujourd’hui, même l’agave israélien produit dans le cadre d’un projet de deux millions de dollars US doit être irrigué.
À des milliers de kilomètres de là, la plateforme d’agriculture « intelligente » de l’entreprise israélienne Netafim propose des systèmes d’irrigation goutte à goutte pour augmenter les rendements des plantations industrielles d’agaves qui, au Mexique, sont synonymes de dévastation des campagnes. La collaboration de Netafim avec les entreprises israéliennes de technologies militaires a été démontrée depuis des années, tout comme son rôle fondamental dans le développement des implantations illégales dans les Territoires Occupés. Cette année, Netafim figure également parmi les entreprises signalées par Francesca Albanese, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, en raison de son lien avec l’économie de génocide.
L’organisation paysanne UAWC, membre de la Via Campesina, dénonce depuis longtemps le fait que l’attaque aux systèmes alimentaires palestiniens poursuit un objectif très clair : le nettoyage ethnique et le remplacement de la population palestinienne. Tout comme ils arrachent violemment des oliviers centenaires des territoires palestiniens, l’armée et les habitants des colonies illégales s’emploient à des stratégies visant à déraciner le peuple palestinien de sa terre. Et l’agrobusiness israélien est l’un des piliers de ce processus.
Les investissements étrangers ont joué un rôle de taille dans la croissance de cette entreprise, qui s’est progressivement intégrée à l’agro-industrie internationale et a exporté son modèle toxique vers d’autres pays. Ainsi, 80 % de Netafim est détenu par le groupe mexicain Orbia Advance Corporation, qui opère dans l’industrie des produits chimiques et des plastiques. De son côté, Bright Food Group Co. (contrôlé par la Comission de supervision et d’administration des actifs publics à Shangai) est propriétaire de l’entreprise de produits laitiers Tnuva.
Cette dernière figure dans le rapport d’Albanese pour avoir profité de la destruction de l’industrie laitière palestinienne par Israël, en exploitant un marché palestinien de plus en plus captif. D’autres entreprises du secteur présentent un profil similaire : Adama, qui vend des pesticides, appartient au Groupe Syngenta (Chine/Suisse) ; le semencier Hazira au Groupe Limagrain (France) ; Tahal, qui construit des infrastructures hydriques, est contrôlée par Kardan N.V. (Pays Bas/Israël) ; l’entreprise de systèmes d’irrigation Rivulis appartient au Ministère des finances de Singapour ; Haifa Chemicals bénéficie des investissements du groupe étasunien Trans-Resources, Inc.
Plusieurs de ces entreprises israéliennes possèdent également des filiales enregistrées dans d’autres pays, en particulier dans les paradis fiscaux tels que les Pays-Bas et la Suisse. Cette stratégie leur permet d’éviter une identité problématique associée à l’apartheid, et de bénéficier du soutien politique (et financier) des pays étrangers. Netafim réalise une grande partie de ses ventes par l’intermédiaire de sa filiale aux Pays-Bas. Cela lui confère un accès privilégié aux marchés étrangers via des accords commerciaux de l’Union européenne et lui permet même d’obtenir des financements d’agences publiques néerlandaises.
Dans d’autres cas, ces entreprises conservent leur identité israélienne, comme Mekorot, qui est en pleine expansion dans plusieurs pays du Sud Global. Au Mexique, elle a conclu un accord de coopération avec la Commission nationale de l’eau pour un projet évalué à plus de cinq millions de dollars. Au Chili, elle a obtenu un contrat de gestion de l’eau dans la région du Biobío, dénoncé aujourd’hui par la société civile à cause de ses irrégularités et de son implication dans l’apartheid israélien. En Argentine, la campagne « Fuera! Mekorot » (“Mekorot, hors d’ici”) exige des gouvernements de plusieurs provinces la résiliation des contrats passés avec l’entreprise. Elle s’est également mobilisée contre la privatisation de l’entreprise Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) qui a établi un contrat avec Mekorot.
Cette entreprise jouit d’un quasi-monopole de distribution de l’eau dans les Territoires Occupés et figure également dans le rapport d’Albanese pour avoir contribué à faire de l’eau un instrument supplémentaire du génocide. Selon Who Profits, elle restreint systématiquement l’accès à l’eau de la population palestinienne, alors même qu’elle exploite les ressources hydriques situées dans les Territoires Occupés (y compris celle du Golan syrien). De plus, elle applique aux autorités palestiniennes un prix de vente quasiment dix fois plus élevé que celui payé par les villes israéliennes. Ainsi, si la consommation moyenne israélienne est de 200 litres d’eau par jour et par personne, la population de Cisjordanie et de Gaza ne peut utiliser que 77 à 85 litres par personne. Actuellement, la population gazaouie manque d’eau 95 % du temps car Mekorot a drastiquement réduit la distribution depuis octobre 2023.
À l’image du modèle testé en Palestine, l’agro-industrie israélienne s’est implantée à l’étranger en lien avec le complexe militaire. Les pays dans lesquels elle investit présentent généralement pour Tel-Aviv un interêt géostratégique ou constituent des destinations attractives pour la vente d’armes.
Traces de l’agro-diplomatie militaire en Amérique latine
En Amérique latine, c’est au Guatemala martyrisé des années 1980 que l’on trouve les antécédents de cette agro-diplomatie militaire. Une enquête de Gavriel Cutipa-Zorn révèle comment, à l’époque, des vendeurs d’armes et des consultants agricoles israéliens ont soutenu la militarisation, en collaboration avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Ils formaient la police et l’armée à la construction de « villages agricoles ». Ce modèle s’inspirait des moshavs israéliens (caractéristiques de la colonisation des terres palestiniennes depuis le milieu des années 1950). Les paysan·nes constituaient une main-d’œuvre bon marché pour les monocultures de haricots et de café destinées aux marchés internationaux. Mais le plus important était d’expérimenter le contrôle de la population rurale, qui avait l’interdiction de quitter le village sous peine de mort. Présentés comme des projets voués au développement, ces « villages » ont joué un rôle essentiel dans la stratégie anti-insurrectionnelle déployée par Rios Montt, qui a causé la mort ou la disparition forcée de centaines de milliers de personnes. Le Guatemala est très vite devenu un marché pour la vente d’armes israéliennes.
Aujourd’hui, il reste un allié d’Israël dans la région et l’un des centres d’accueil de la « coopération » israélienne dans le domaine agricole. Ainsi, en 2022, alors qu’un accord de libre-échange était signé entre les deux pays, un Centre de modernisation agricole a été inauguré à l’École nationale centrale d’agriculture. Le Guatemala est l’un des pays d’Amérique centrale où sont déployées les technologies israéliennes de surveillance des frontières et de suivi des caravanes de personnes migrantes, qui s’étendent jusqu’au Mexique.
La Colombie est un autre pays d’Amérique latine qui importe depuis des décennies des armes et des technologies militaires et agricoles israéliennes, comme le souligne un rapport de BDS. Dans ce pays, l’agrobusiness israélien a développé des projets coûteux, dont certains ont échoué dans des conditions douteuses. Ainsi, dans les années 1990, l’entreprise israélienne Isrex, qui fournissait à la Colombie des armes et des services d’irrigation, s’est engagée dans un projet agricole de 300 hectares qui impliquait 198 familles à Altamira et Cantilleras. Le projet avait une valeur de 1,5 milliard de pesos colombiens, dont 60 % devaient être apportés par Isrex et par l’Institut colombien de Réforme agraire (INCORA). Le reste de l’argent provenait d’un emprunt contracté par les familles paysannes. Huit ans plus tard, l’investissement d’Isrex ne s’était toujours pas concrétisé et le projet avait échoué. Les autorités colombiennes se sont détournées de l’affaire et un juge a ordonné que les terres des communautés soient vendues aux enchères pour rembourser les dettes. Quelques années plus tard, l’ancien représentant d’Isrex, Luis Vicente Cavalli Papa, refaisait surface en tant que directeur en Colombie de l’entreprise israélienne Innovative Agro Industry (LR Group), qui prévoyait d’étendre ses plantations de cacao équatorien vers la Colombie. En 2022, les localités colombiennes de Santa Lucía et Suan ont vu la confirmation du projet développé par Bean & Co., filiale de LR Group pour la plantation de cacao sur 1500 hectares.
Ce groupe, avec le Groupe Mitrelli – fondés à l’origine par les mêmes personnes –, fait partie d’un ensemble d’entreprises très peu connues de l’agrobusiness israélien. Elles n’opèrent pas nécessairement en Israël, mais sont étroitement liées à ses services militaires ou de sécurité et jouissent de relations politiques de haut niveau. Elles ont utilisé le continent africain comme laboratoire pour leurs mégaprojets agricoles « clés en main ». Elles opèrent également en Asie et sont moins présentes en Amérique latine où elles cherchent cependant à se développer. Dans ce type de projets, l’entreprise israélienne est engagée pour concevoir, trouver les financements, construire, équiper et gérer l’opération. Elle obtient des financements grâce à des prêts accordés par des banques israéliennes ou européennes, garantis par une agence de crédit à l’exportation israélienne ou étrangère, par l’intermédiaire d’une filiale de l’entreprise en question, située dans un paradis fiscal. Malgré les promesses de développement, ces projets, qui coûtent des millions, échouent généralement lorsque les fonds s’épuisent et en raison de la faible capacité d’adaptation aux conditions locales. Dans certains cas, on a trouvé des indices de corruption. Mais c’est en général le pays qui héberge le projetqui en subit les conséquences, et qui se retrouve plus endetté qu’il ne l’était. Ce type de projet a par ailleurs souvent recours à une main-d’œuvre locale bon marché, ce qui entraîne des plaintes pour exploitation au travail.
Au Guyana, la société civile et le collectif local BDS exigent actuellement la rupture du contrat de LR Group avec la société Demerara Distillers Limited (DDL). Le projet, évalué à 20 millions de dollars, utilise 500 vaches importées des États-Unis, dont le lait sera exporté vers d’autres pays des Caraïbes dès la fin de l’année 2025. Le contrat a été géré par Joseph Haim Harrosh, directeur de LR Group, et également impliqué dans un projet douteux de parc agro-industriel de 600 hectares au Suriname, d’une valeur de 75 millions de dollars (67 millions d’euros à l’époque). Les enquêtes menées par le quotidien Parbode révèlent que le contrat signé très discrètement en 2018 reposait sur un crédit accordé par le Crédit Suisse et garanti par l’État surinamais. Les inquiétudes quant à la viabilité économique, qui risquait d’alourdir la dette du pays, ont été l’un des principaux motifs de contestation de la part de divers secteurs de la société, gouvernement y compris.
Un seul point d’ancrage : la solidarité entre les peuples
Au moment où nous terminons cet article, plusieurs gouvernements signent un accord de paix incertain à Charm el-Cheikh. Les inconnues sont nombreuses, notamment en ce qui concerne l’impunité d’Israël quant au génocide et l’avenir même de la Palestine. Pendant ce temps, plus d’une centaine de personnes bénévoles mobilisées par l’UAWC s’affairent à la récolte des olives, en soutien aux paysannes et paysans de Cisjordanie, en proie aux agressions constantes des colons et de l’armée. Ceci n’est qu’un exemple supplémentaire de la mobilisation populaire qui s’est accentuée à l’échelle mondiale, avec des manifestations en soutien au peuple palestinien dans les rues, les ports et sur les mers.
Depuis des années, et désormais de manière plus systématique, l’une des stratégies a consisté à mener des campagnes de boycott contre les entreprises liées à l’apartheid. En parallèle, il est de plus en plus important de dénoncer le modus operandi de l’agrobusiness israélien, en raison de sa contribution au système agro-industriel mondial qui menace la souveraineté alimentaire des peuples mais aussi en raison de l’exportation du modèle colonial qu’il a développé au détriment de la Palestine.
*Le 1er décembre 2025, les forces d’occupation israéliennes ont attaqué les bureaux de l’UAWC à Ramallah et à Hébron. Elles ont arrêté des membres de l’organisation, les soumettant à des traitements humiliants, et ont procédé à des fouilles violentes dans tout le bâtiment. Cette descente a entraîné la destruction et la confiscation de tout le matériel de bureau. Elle a également visé spécifiquement les infrastructures de la banque de semences palestinienne à Hébron, détruisant les stocks de semences qui constituent leur patrimoine génétique végétal. Au moment de la publication, deux personnes étaient toujours détenues et la condamnation internationale de cette attaque ne cesse de s’amplifier. https://viacampesina.org/en/2025/12/alert-la-via-campesina-strongly-condemns-attacks-against-its-member-organisation-in-palestine-and-denounces-the-arbitrary-arrests/
